El abogado suizo de Anna Gabriel: «Se conocen las torturas de Guantánamo, pero no las de España»

Oliver Peter, el abogado que asesora a la dirigente de la CUP Anna Gabriel en su huida a Suiza, es conocido por su animadversión a las autoridades españolas. De hecho, ha convertido la batalla judicial contra el Gobierno de España, en especial en lo relativo a los presos etarras, en una de sus especialidades.

España aparece en la mayoría de sus trabajos documentales, algunos con títulos como ‘Violaciones de los derechos humanos en el País Vasco’. Es en éste, redactado en 2014, donde se revelan ya algunos de los ‘argumentos’ tergiversados que Peter esgrime contra la Justicia española, la situación de las cárceles y el trato a terroristas encarcelados.

«Estos últimos años, la ‘guerra contra el terrorismo’ ha generado una restricción general de derechos fundamentales y una tolerancia hacia las violaciones de derechos humanos de quienes están en el poder. Si las barbaries perpetradas en Abou Grahib o Guantánamo tienen hoy una amplia visibilidad mediática y han suscitado una legítima indignación, los actos de tortura perpetrados en el marco de las políticas antiterroristas del Gobierno de Madrid han estado durante mucho tiempo ocultos a la sociedad civil europea». Según Peter, ésta es una «realidad» que «ha estado demasiado tiempo silenciada».

De hecho, a este abogado corresponde la reciente sentencia del Tribunal de Estrasburgo que condena a España por «malos tratos» a los etarras del atentado de la T-4, en 2006, que provocó dos muertos.

«Violación de derechos humanos»

El bufete de Peter, situado en una de las zonas más céntricas de Suiza, se anuncia como un despacho especializado sobre todo en el ámbito de la inmigración, los derechos humanos y la justicia internacional y, en el caso de Peter, «en la defensa de las víctimas de procedimientos penales y violaciones de derechos humanos ante la Justicia nacional e internacional». Peter litigó con el Estado en el caso de la etarra Nekane Txapartegui, que nunca llegó a ser extraditada, pese a su condena a seis años y nueve meses por su apoyo a ETA. También es firme detractor de la ‘doctrina Parot’, que permitía que la reducción de penas por beneficios penitenciarios se aplicara sobre cada una de las penas de forma individual y no sobre el entonces máximo legal permitido de permanencia en prisión, treinta años. Por esta cuestión ha asesorado a una veintena de presos de la banda.

Peter da su particular visión de la Justicia española y también de la reivindicación independentista. «La decisión de ETA no ha tenido impacto en la actitud de las autoridades francesas y españolas. La impunidad garantizada a los responsables de violaciones de derechos humanos y las medidas de excepción aplicadas a presos independentistas, de los que algunos no son miembros de ETA, ha permanecido».

En el citado artículo, Peter defiende a Inés del Río, una de las etarras más sanguinarias de la banda y condenada a 3.828 años de cárcel por 24 asesinatos. Del Río salió de la cárcel en 2013, después de que la Justicia europea rechazase la aplicación retroactiva de la ‘doctrina Parot’.

El abogado obvia en todo momento sus asesinatos y llega a afirmar que la causa de su condena fueron sus «numerosos ataques contra soldados españoles durante la década de los ochenta, cuando era miembro de ETA». «Si

Peter alaba «su trabajo, sus estudios y su buena conducta» para sostener que la etarra «debería haber terminado de cumplir su condena» antes de que se le aplicase esta doctrina que, según el abogado, le imponía «una incomprensible pena» de 30 años, al igual que ocurría con otros etarras.