El Gobierno tumbará cualquier acto de investidura que tenga el más mínimo valor jurídico

El Gobierno tumbará cualquier acto de investidura que tenga el más mínimo valor jurídico. Desde una proposición no de ley, hasta cualquier pronunciamiento con rango legal, serán automáticamente recurridos y anulados. El Gobierno no permitirá que se use el Parlamento catalán para un acto que revista cualquier tipo de formalismo jurídico. Donde no podrá entrar el Ejecutivo de Mariano Rajoy será en los actos sin estructura jurídica porque los mecanismos judiciales no permiten actuar contra estos actos.

El Ejecutivo sabe que JxCAT prepara una declaración que permita una investidura simbólica del fugado Carles Puigdemont. La única duda que mantiene el Gobierno es hasta qué punto se atreverán los separatistas a rozar la frontera legal. Por ello, sus equipos jurídicos están ya advertidos para que cualquier acto o declaración que revista un carácter formal desde el punto de vista jurídico sea recurrido inmediatamente.

La frontera se encuentra en la proposición no de ley (PNL). Aunque la PNL no tiene derivada legal, mantiene un carácter de acto formal y, por ello, sería recurrible. El problema de imagen surgiría inmediatamente por debajo de ese límite. «No es posible actuar jurídicamente contra actos sin relevancia jurídica, porque los tribunales no ceden entrar en ellos», explica una fuente conocedora de los planes separatistas.

Esas mismas fuentes destacan que, pese a que esos actos sin contenido jurídico queden fuera del ámbito de actuación de un posible recurso. Tampoco quedarían impunes. Y es que, los equipos jurídicos del Gobierno tomarían nota de ellos para comunicarlos a la Justicia, No para abrir un actuación directa. Pero sí para que constasen en la información de la Fiscalía como contexto de las actividades de los actuales imputados, porque, evidentemente, demostrarían el nulo abandono de los propósitos golpistas de quienes respaldasen ese tipo de actos.

Desde el PP catalán lanzan una advertencia directa contra el presidente del Parlament, Roger Torrent, del que recuerdan que sigue estando bajo el 155 y que, por lo tanto, sus actos serán analizados con lupa para actuar, no sólo para impugnarlos, sino para poder incluir en la lista de investigados a todos los que prosigan el golpe separatista.

«Una región sometida por una persona»

El presidente Rajoy ha alertado ya en los últimos días de que «el tiempo juega en contra de los partidos independentistas, porque cada vez son más los catalanes que se preguntan cuánto tiempo se puede mantener a una comunidad autónoma sometida a la voluntad y los vaivenes de una sola persona».

El portavoz Íñigo Méndez de Vigo también sea sumado a estas advertencias y ha señalado que «lo que no va a consentir el Gobierno es que se pueda modificar fraudulentamente la ley [que regula la designación de presidente autonómico] para dar un estatus a este señor», en referencia a Puigdemont.