Teme que el dinero público siga financiando el separatismo

Hacienda no se fía: establecerá un control del gasto del Govern tras el 155

Guindos
Los ministros de Economía, Luis de Guindos (i), y Hacienda, Cristóbal Montoro. (Foto: EFE)
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Hacienda mantendrá controles del gasto en Cataluña tras acabarse el 155. El Ministerio cree que la situación de peligro y posible uso de fondos con destino a partidas separatistas ilegales no ha terminado ni lo hará tras retirarse la aplicación del artículo 155 de la Constitución y, por ello, mantendrá un esquema de control de la información de las partidas de gasto públicas para evitar desvíos de fondos hacia fines distintos de los que quiere financiar el Estado.

Tanto desde el PP como desde Ciudadanos consideran que resulta conveniente mantener estos esquemas reforzados de control. Las sospechas de la existencia de rutas de dinero oculto –en ANC y Òmnium– y de la utilización de fondos públicos por parte del Govern para financiar el golpe separatista y el referéndum han llevado a plantear la prolongación de esquema de supervisión.

No se trataré de estirar el 155, porque la orden oficial del Gobierno es que en el momento en el que se constituya un nuevo Govern debe retirarse el mecanismo constitucional de intervención. No se hará porque no se pretende dar la sensación de que existe un gobierno regional sin libertad de acción. Pero la pura aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria sí permite elevar el control ante la evidencia de un mayor riesgo de incumplimiento de los controles fiscales.

La intención separatista manifestada abiertamente por los partidos que pueden conformar gobierno en la Generalitat, evidentemente, eleva el riesgo. Porque las “estructuras de país” -como los golpistas les llaman-, o la financiación de las asociaciones activistas en favor del golpe requieren de dinero. Y el juez de Instrucción de Barcelona, por ejemplo, ya ha dejado claro que considera evidente que se han nutrido de fondos públicos.

Hay que recordar que Cataluña se encontraba ya dentro de los esquemas de control del FLA (Fondo de Liquidez Autonómica). Como principal receptora de estos fondos de rescate financiero –con 71.000 millones desde 2012–, Cataluña no puede aprobar gastos no autorizados ni supervisados por el Ministerio. Pero es verdad que el control de esos gastos puede ser adoptado con mayor o menor periodicidad y, sobre todo, con mayor o menor cercanía, dependiendo del riesgo que impliquen los planteamientos económicos de cada región. La reedición de un Govern separatista, obviamente, se situaría en la banda alta de riesgo por el peligro de volver a usar fondos procedentes del rescate con fines identitarios e independentistas.

Otro factor avala este planteamiento. Y es que el deterioro del crecimiento en Cataluña por culpa del separatismo y el 1-O convertirá a esta región en aún más dependiente de los fondos enviados desde el resto de España. Y, por lo tanto, el Ministerio deberá garantizar un refuerzo de los esquemas de control ante el riesgo que implica una inyección financiera de esa dimensión y el propio deterioro económico y empresarial de Cataluña.

Los esquemas de control de las finanzas partirán del intercambio de información por parte de los interventores. Y de un esquema de comprobación urgente y reforzado para evitar que los fondos nacionales o la propia recaudación autonómica pueda acabar en fines ilícitos.

Y todo ello, a expensas de lo que se acabe demostrando en el juicio del 1-O. Porque si, como sospecha el juez, se acaba demostrando que el uso de fondos públicos fue decisivo para financiar el golpismo, evidentemente, los esquemas de control podrían reforzarse aún más.

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