El Gobierno ve a Puigdemont «muerto políticamente» pero no descarta la foto de la investidura

El Gobierno considera que el expresidente catalán, Carles Puigdemont, está «políticamente muerto». Sin embargo, en fuentes gubernamentales se echa mano de cautela y, hoy por hoy, nadie se atreve a descartar una fotografía de la investidura. «Todo es posible en el delirio independentista», agregan. Y en ese «todo es posible», tampoco se descarta, incluso, que Puigdemont burle todos los controles y se ‘cuele’ en el Parlament. El refuerzo policial se ha incrementado en la frontera, en vistas a que el exdirigente prófugo opte finalmente por acudir a la sesión de investidura.

En el recuerdo del Ejecutivo está aún muy vivo el 1 de octubre, cuando, pese a la vigilancia, los independentistas colocaron urnas en prácticamente todos los colegios. De ahí que impere la prudencia. El propio presidente, Mariano Rajoy, expresó su preocupación este lunes, ante el Comité de Dirección del PP. Que Carles Puigdemont aparezca en el Parlament es la foto que más inquieta a esta hora en La Moncloa. En su estrategia de despiste, el último movimiento del fugado fue, también este lunes, pedir «amparo» al presidente del Parlament, Roger Torrent, para asistir a la investidura sin que lo detengan.

En los últimos días, Puigdemont ha sembrado de dudas su presencia en la Cámara catalana. Primero solicitó delegar el voto en otro diputado y más tarde, tras la orden de su propio partido, retiró la solicitud. El objetivo era no levantar especulaciones sobre su inasistencia al pleno.

El Tribunal Constitucional ya advirtió de que la investidura a distancia, bien sea por la vía del plasma o mediante lectura delegada en otro diputado, es inaceptable. De esta forma, Puigdemont está obligado a entregarse a la Justicia española y, una vez en el país, solicitar al juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, permiso para participar en la sesión. Pero en el entorno del político independentista descartan esa posibilidad, porque consideran que, una vez esté en España, será detenido y sometido a prisión preventiva. El propio Llarena, de hecho, ha denegado a Oriol Junqueras y Jordi Sánchez, los dos en prisión, la asistencia al pleno, como avanzó OKDIARIO. 

Evitar el eco internacional

Las dudas sobre los planes de Puigdemont son significativas en el Gobierno, donde aprecian que, a estas alturas, una persona que ha demostrado el comportamiento del expresident puede hacer cualquier cosa. De ahí que, desde hace días, la vigilancia se haya reforzado en la frontera. Las palabras del ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, ironizando con que no se permitiría que Puigdemont llegase escondido en el maletero de un coche reflejan el temor que recorre todo el Ejecutivo.

Pese a que el Tribunal Constitucional decidió el sábado dejar en suspenso la decisión sobre si admitir o no a trámite el recurso presentado la víspera, en el Gobierno sí se jactan de que presentarlo, aún contra la opinión del Consejo de Estado, fue la decisión correcta. También en el PP. Sostienen que, de esta forma, se ha desactivado la imagen exterior, demoledora, de un presidente investido, cuya investidura sería inmediatamente suspendida. Ese caso, opinan, sería de nuevo utilizado por el independentismo en su afán por internacionalizar el conflicto. Un escenario a evitar. «Sobre todo con lo que nos ha costado contrarrestar la propaganda que hicieron del 1-O», sostienen desde la dirección del PP.

Aunque el Constitucional no ha valorado aún la admisión del recurso, en el que se instaba a suspender la sesión prevista para el martes por considerarla un fraude -el candidato, huido, sería detenido en cuanto pisase el suelo español- las limitaciones para Puigdemont son más que evidentes.

La resolución del alto tribunal ha llegado este lunes al Parlament, y así la ha recibido el presidente Torrent. Incumplirla le situaría a él, por vez primera, en la ilegalidad y le sometería a consecuencias penales. Además, otros siete diputados del JxCAT y ERC se arriesgan a volver a prisión si votan a Puigdemont a distancia. Todos ellos están en libertad condicional bajo fianza, con la promesa de respetar la legalidad.