La Fiscalía limita la negociación política sobre Cataluña: «Nunca puede subvertir la Constitución»

El recurso de Oriol Junqueras ha permitido a la Fiscalía sentar una advertencia clara sobre lo que han pretendido los partidos separatistas y lo que siguen reclamando en Cataluña esas mismas formaciones y algunas otras que no se definen como independentistas. A aquellos que han defendido una negociación sin límites -incluso del tratamiento penal de los acusados-, o que la siguen exigiendo, la Fiscalía les acaba de recordar con contundencia que «las vías políticas nunca pueden subvertir el orden constitucional».

El alegato del Fiscal Javier Zaragoza ha ido acompañado de toda una exposición sobre los argumentos que avalan que las «vías políticas» que sobrepasan los límites de la Constitución son, simple y llanamente, calificables de constitutivas de los delitos de rebelión, sedición o malversación de caudales públicos.

La respuesta del fiscal ha lanzado un mensaje claro, también, con respecto a los intentos de presión política que se han observado en los últimos meses y, en especial, en las vísperas de la vista de este recurso para lograr la salida de prisión Oriol Junqueras. Tal y como ha adelantado OKDIARIO, ERC se ha permitido trasladar al Gobierno mensajes políticos argumentando la «conveniencia» de que Junqueras fuese puesto en la calle porque, según su versión, siempre sería mejor, de cara a una posible negociación, la figura del líder de ERC como presidente de la Generalitat, que la del fugado Carles Puigdemont. Los mensajes dan por hecho, en primer lugar, que el Gobierno va a ejercer presión política sobre la Justicia. Y, lo segundo, que se debe volver a dar cauce de negociación a quien ha sido responsable de un golpe de estado.

«La Justicia solo dirime delitos»

El mensaje de la Fiscalía frente a estos planteamientos ha vuelto a ser rotundo: «La Justicia dirime delitos», no posicionamientos políticos. Los mensajes de la Fiscalía responden de este modo a los mensajes claros de negociación política y «diálogo» que han lanzado desde sus formaciones en los últimos días tanto JxCAT como ERC. Y a los que se ha sumado con total evidencia el partido de los Comunes de Ada Colau, y, de forma menos evidente, el propio PSC. Hay que recordar que fueron los socialistas de Iceta los que ofrecieron volver al texto del Estatuto catalán íntegro, incluyendo en él los artículos que tumbó el Tribunal Constitucional. Evidentemente, las sentencias del TC forman parte del «orden constitucional» blindado que acaba de reivindicar la Fiscalía.

A lo largo de 40 minutos de exposición, el fiscal no ha restado un sólo argumento para dejar claro que es el Código Penal quien determina el contenido de cada delito. Y no las presiones políticas. Y que es la Constitución y los derechos constitucionales de los españoles los sujetos vulnerados: No junqueras ni ningún otro -Jordi Sánchez- que ha aprovechado este recurso para dejar constancia de que se sumaba a la petición de excarcelación para el ex vicepresidente catalán.

Por todo ello, la Fiscalía se ha desentendido de los argumentos de Junqueras basados en su actitud de «hombre de paz», de «negociación», de «convicciones religiosas» y de persona «dialogante». Porque, como ha recordado Zaragoza, las acusaciones versan sobre delitos de rebelión, sedición y malversación en los que el ex vicepresidente tenía, además, una «posición de dominio» en la Generalitat. Por lo que la actitud personal de Junqueras queda fuera de discusión.