El Gobierno avisa a los separatistas que no negociará nada con un presidente catalán que pueda ir a prisión

El Gobierno ha hecho llegar en los últimos días a los partidos separatistas el mensaje de que no negociará nada si el candidato que pretenden aupar a la Presidencia de la Generalitat es uno de los que se encuentra en estos momentos imputado, en prisión, y con altas probabilidades de acabar en la cárcel con condena y no sólo de forma preventiva.

La advertencia del Ejecutivo pretende evitar que tras el resultado electoral cosechado este 21-D, el bloque separatista busque como figura de consenso entre ellos y para sus pactos -más allá de Puigdemont o Junqueras- a alguno de ‘los Jordis’ y, más en concreto, a Jordi Sánchez, presidente de la Asamblea Nacional Catalana en prisión y una de las figuras clave del avance del golpe desde hace casi un lustro. Y es que el nombre de Jordi Sánchez como posible candidato había llegado a sonar en las filas del partido de Puigdemont.

El mensaje del Ejecutivo nacional ha sido filtrado de forma extraoficial al bloque golpista de ERC y JxCAT, que, a su vez, han hecho llegar ya el recado a la CUP. El contenido de este comunicado tiene dos partes claramente identificables. La primera, la de que, con toda probabilidad, los cuatro principales cabecillas del 1-O -Carles Puigdemomt, Oriol Junqueras, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart- acabarán condenados y que, por lo tanto, el Gobierno de Mariano Rajoy no puede sentarse en un mesa de negociación con quienes, a todas luces, han desafiado la Constitución y la unidad de España.

La segunda parte del mensaje es la que puede ser interpretada como la ‘zanahoria’. Porque abriría la posibilidad por parte del Ejecutivo de aceptar determinadas cesiones dentro de la Constitución y la legalidad en caso de que los partidos separatistas decidiesen suavizar su desafío. De hecho, en los últimos días, fuentes del Gobierno no habían ocultado su deseo de que el PSC de Miquel Iceta hubiese conseguido desbancar a alguno de los grandes partidos separatistas y haber forzado a los Comunes a un pacto de izquierdas con ERC. Una opción que ha quedado desintegrada con los resultados de ayer en los comicios catalanes.

Entre las condiciones que siguen sobrevolando el panorama nadie olvida las que fueron ya planteadas y negociadas por PNV en los días previos a la declaración unilateral de independencia impulsada por Puigdemont. Unas condiciones que, básicamente, incluían el reconocimiento de la legalidad y al abandono de cualquier intento -presente y futuro- de convocatoria de un referéndum unilateral y de volver a reeditar una declaración unilateral de ruptura con el resto de España.

Fuentes conocedoras de aquellas negociaciones confirman a OKDIARIO que las bases para sentarse en estos momentos a hablar serían similares. Y que, desde esa óptica, se podría avanzar hacia una reforma de la financiación que “sin discriminar al resto de territorios, permitiese una mejora de las condiciones actuales de Cataluña y el resto de comunidades con altos déficit y deuda pública”, señala esta fuente.

El Gobierno quiere desactivar de cualquier manera lo que ya se considera como una posible vuelta al golpe, aunque sea de forma camuflada. El objetivo de Moncloa es intentar llevar a los partidos radicales a una relajación de sus posturas. La decisión de no aplicar el 155 con toda la contundencia que se podría haber ejecutado ha respondido, de hecho, a ese plan. Y es que un buen número de cargos que han estado de una forma u otra relacionados con el 1-O han permanecido en sus puestos pese a las grabaciones de la Guardia Civil y la entrega a la Justicia de toda la carga probatoria.

El nuevo mensaje de Moncloa se dirige en la misma dirección: en la de abrir la expectativa de un mejor trato a cambio de una eliminación de la carga de inconstitucionalidad de las actuaciones del nuevo Ejecutivo regional.