La Hacienda catalana que propone el PSC permite a la Generalitat decidir a quién se inspecciona

La Hacienda catalana propuesta por el socialista Miguel Iceta ha omitido un importante detalle: quién sería el responsable de definir los planes de inspección y, por lo tanto, de dirigir los controles tributarios hacia unos u otros contribuyentes. Este punto se ha escondido porque el plan es ofrecer esa potestad a la Generalitat y no especificar ese detalle hasta el último momento. De ese modo, pese a contar esa Hacienda catalana con un consorcio paritario entre el Estado y el Govern catalán para decidir y supervisar la gestión y recaudación de los impuestos, lo cierto es que la decisión final de a qué empresas o particulares se inspecciona quedaría en manos de la Generalitat.

El poder inspector -competencia ya de las autoridades fiscales del País Vasco debido a su particular sistema de concierto económico regulado en la Constitución Española- ha despertado desde siempre en los gestores de la Agencia Tributaria española el temor, por no decir evidencia, de que se ha llegado a usar para crear cortafuegos a las inspecciones tributarias lanzadas desde el resto de España y para proteger a determinados colectivos. De ese modo, al ser de las diputaciones vascas las que tienen la última palabra sobre la definición de los planes de inspección, son ellas y no la Agencia Tributaria (AEAT) las que pueden incrementar o mitigar la presión inspectora sobre determinado sector empresarial o grupo de contribuyentes concreto.

El control de la Inspección es, por eso, la gran baza camuflada en la propuesta de Miquel Iceta. Fuentes conocedoras de las deliberaciones mantenidas antes de anunciar la propuesta de Hacienda catalana de los socialistas han confirmado a OKDIARIO que el motivo de la falta de detalle sobre quién sería el responsable final del mando de la Inspección fiscal en esta comunidad autónoma es simplemente que ese poder implica una fuerte capacidad para generar bolsas beneficiadas o perjudicadas de contribuyentes, una práctica que encaja a la perfección con los esquemas habituales seguidos hasta el momento por los gobernantes catalanes, que han buscado impulsar el separatismo o incluso alentar prácticas de financiación de partidos en base a los privilegios en los contratos públicos.

Esta herramienta, de hecho, aunque el modelo de Hacienda catalana no regulase expresamente una mayor capacidad normativa que la concedida al resto de territorios, en la práctica sí la permitiría, puesto que sería la Generalitat la encargada de definir el grado de exigencia a unos y a otros dentro de su territorio.

La propuesta del líder del PSC, evidentemente, no ha aclarado este detalle. Su ofrecimiento se ha limitado ha defender la creación de una Hacienda catalana que gestione todos los impuestos y cuya cúpula sea dirigida de forma paritaria por el Gobierno y la Generalitat. Ahí, de hecho y según las explicaciones de los socialistas, estaría la diferencia con el régimen especial del País Vasco y Navarra, donde no existe control ni presencia del Estado. Por eso, según Iceta su modelo no implicaba privilegios. Tan sólo se limitaría, según él, a desarrollar el Estatuto regional de 2006. El candidato a la Presidencia de la Generalitat por los socialistas también pedía en su propuesta un aumento de los porcentajes de cesión del IVA, IRPF e Impuestos Especiales y crear un fondo de garantías para repartir el importe de los tributos entre las Comunidades Autónomas. Porque, según el socialista, todas la autonomías deben ser “gobiernos auténticos -no meras gestoras de un estado descentralizado-”.

Desde el Gobierno, conocedores ya de los detalles no especificados de la propuesta de Iceta, no han tardado en destacar que cualquier mejora del sistema de financiación deberá serlo para todos los territorios y no un privilegio exclusivo de Cataluña.