El PSC quiere que Cataluña negocie de tú a tú con el Estado el reparto de la financiación

El PSC incorpora en su programa para las elecciones de diciembre una de las reclamaciones de los independentistas, que la negociación de la financiación se produzca de manera bilateral con el Estado, a través de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat, órgano contemplado por el Estatut.

En este sentido, el partido de Miquel Iceta propone «desarrollar el Estatuto de Autonomía de Cataluña y hacerlo avanzar el máximo utilizando a fondo los mecanismos previstos en el propio Estatuto», como el que ocupa. Añaden que esa comisión «es el órgano bilateral de relación entre la Administración del Estado y la Generalitat en el ámbito de la financiación autonómica, y al que le corresponde, entre otras funciones, la de «canalización del conjunto de relaciones fiscales y financieras de la Generalitat y el Estado «.

Esa negociación, proponen los socialistas, se dará en un marco de «lealtad institucional y cogobierno en un Estado federal», en el que la comunidad goce de la máxima autonomía. En este sentido, para el PSC es necesaria una  «modificación a fondo» del Consejo de Política Fiscal y Financiera y una «redefinición» de la Conferencia de Presidentes «de manera que se supere el clima conflictivo actual por uno más cooperativo».

La propuesta del PSC resulta aún más llamativa después de que los propios dirigentes socialistas criticasen la negociación del Gobierno con el Ejecutivo vasco para la renovación del Cupo. Un acuerdo que se cerró antes de la renovación del sistema de financiación, al que urgen desde el partido. Los barones, y la propia dirección de Ferraz, admitieron que la financiación vasca debería financiarse a la vez que el resto de comunidades, para evitar agravios.

Esta semana finaliza el plazo para que las comunidades autónomas presenten sus conclusiones al Comité Técnico Permanente de Evaluación (CTPE), tras el informe elaborado por un «comité de expertos», que no contó con presencia catalana por rechazo de la Generalitat independentista. Tras ello, la negociación pasará al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el foro conjunto entre las comunidades autónomas y el ministerio de Hacienda, antes de iniciar su tramitación parlamentaria.

Junqueras se lo exigió a Montoro

En febrero, el entonces conseller de Economía de la Generalitat, Oriol Junqueras, remitió una carta al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la que le solicitaba «encauzar» el debate sobre la actuación del sistema de financiación autonómica «de forma bilateral» con Cataluña.

En la misiva, Junqueras advertía de que la Generalitat no nombraría a ningún experto para negociar con el resto de comunidades porque el Estatut establece que la financiación se tiene que debatir a través de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat. La misma postura defendió Carles Puigdemont ante el presidente Mariano Rajoy.

Montoro respondió que la mejora de la financiación autonómica no es cosa de dos y recordó a Junqueras que la legislación española establece los pasos para negociar el sistema de financiación.

Según el Estatut, la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat «está compuesta por la representación de la Administración General del Estado y la de la Generalitat de Cataluña, cada una de ellas integrada por seis miembros».  Entre sus funciones está negociar con el Estado sobre la cesión de tributos de titularidad estatal, la distribución territorial de los fondos estructurales europeos o la actualización del sistema de financiación.

La Hacienda catalana

La propuesta de una negociación bilateral enlaza con la polémica sobre la Hacienda catalana, que gestione todos los impuestos, como también propone el PSC en su programa.

Los socialistas consideran que «los gobiernos autonómicos deben ser política, fiscal y financieramente responsables» y por ello, proponen «fomentar la corresponsabilidad fiscal», de forma que se aumente la participación de las comunidades en el IRPF, IVA e impuestos especiales «de manera que con los tres impuestos se cubran las necesidades de los servicios del Estado del Bienestar» en manos de las autonomías.

Además, dicen, «los ingresos tributarios se pueden ampliar con la cesión de los nuevos impuestos creados en los últimos años que ya han sido concertados con las Comunidades Forales, como los nuevos impuestos ambientales».

Para ello establecen un Consorcio Tributario de Cataluña entre la Agencia Tributaria del Gobierno central y la Generalitat de Cataluña encargado de compartir la gestión, recaudación, liquidación e inspección de todos los impuestos.

Además, creen que el Fondo de Liquidez Autonómica debe ser retirado «en tanto se ponga en marcha el nuevo modelo» y proponen una «condonación por parte del Estado de una parte de la deuda y una posible reestructuración en algunos casos», una medida que ha puesto en pie de guerra a los barones socialistas.

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha sido el último en sumarse, este jueves, al afirmar que se opone «a cualquier clase de quita de deuda porque en otro tiempo se despilfarró y se gastó mal». Según Lambán, esto supondría «un trato de favor» hacia el resto de comunidades.