La Justicia belga concederá la entrega de Puigdemont por malversación pero duda si hacerlo por rebelión

La Justicia belga no estaría por la labor de ponérselo fácil a la Justicia española. De los tres delitos de los que acusa la Fiscalía al ex presidente catalán Carles Puigdemont, los responsables judiciales de Bélgica solamente se inclinan por conceder la extradición solicitada por uno de ellos, casualmente, el de menores penas. Así se lo habría avanzado la Fiscalía belga a la española. Hoy mismo el juez de ese país deberá confirmar su decisión, un pronunciamiento que esperan los tribunales españoles para poder continuar con los interrogatorios a los responsables del golpe de estado separatista.

Desde la existencia de la Euroorden, que entró en vigor tal como se la conoce hoy en 2014, los países miembros de la Unión Europea han sustituido por ésta el procedimiento tradicional de extradición, pese a que vulgarmente se le sigue llamando así. Se entiende que los Estados miembros de la UE comparten unos estándares democráticos de garantías y separación de poderes que permiten facilitar la detención y de de presuntos delincuentes en otro país comunitario.

Pese a que el Código Penal belga recoge tipos delictivos similares a los de rebelión y sedición –por los que ha sido imputado el presidente regional depuesto–, Bélgica sólo ve clara la extradición por el tercero de los delitos que figuran en la acusación a Puigdemont: el de malversación. La argumentación oficial dejaría entrever, de hecho, las pocas ganas de colaborar desde este país europeo. Y es que la Justicia belga acepta extraditar al golpista Puigdemont porque la euroorden recoge entre sus 24 delitos de aplicación el tipo de malversación y, por lo tanto, negarse a colaborar en una de las figuras que se introdujeron dentro de este mecanismo de extradición acelerada como blindaje frente a la corrupción podría suponer un enfrentamiento excesivo a los procedimientos de colaboración judicial suscritos por los Estados europeos.

Pese a ello, y a que se acabe aceptando el envío de Puigdemont por este delito, las consecuencias serían graves y visibles. Y es que, muy probablemente ese decisión pudiese afectar a la propia prisión preventiva aplicable como medida cautelar a Puigdemont. Hay que recordar que la argumentación de la Fiscalía General del Estado pasaba precisamente por la necesidad de imponer prisión preventiva incondicional a los máximos responsables del golpe. En primer lugar, el organismo que encabeza José Manuel Maza considera necesaria esta medida por el evidente riesgo de fuga –tan evidente como que a Puigdemont ha habido que ir a reclamarlo a Bélgica–. Pero, dos, por el riesgo de reiteración delictiva.

El problema del delito de malversación para aplicar esta segunda argumentación es que, una vez destituido de su cargo, ha quedado igualmente disuelta su posibilidad de seguir malversando, porque ya no tiene mando desde el que ordenar la utilización ilegal de los fondos públicos. Por lo tanto, y a la vista de que el riesgo de fuga se puede controlar con localizadores, controles periódicos o la retirada del pasaporte, resultará mucho más difícil que Puigdemont se convierta en vecino de celda de su compañero de golpe, Oriol Junqueras.

Carles Puigdemont y los cuatro ex consejeros regionales que le acompañan desde su fuga a Bélgica están citados hoy a declarar ante el Tribunal de Bruselas a partir de las 14:00 horas. Ese Tribunal tendrá la última palabra sobre la aplicación de la euro orden emitida a petición de la Audiencia Nacional.