Las dudas de cinco diputados del PDeCAT amenazan la declaración de independencia

caso 3%
Germà Gordó, ex consejero de Justicia de Cataluña, imputado por el 'caso 3%'.

La dimisión del conseller de Empresa de la Generalitat, Santi Vila, demuestra que Carles Puigdemont no tiene en el seno de Junts pel Sí la unanimidad de la que presume para aprobar este viernes su Declaración Unilateral de Independencia (DUI) en el Parlament. Un paso que pondrá en marcha, de forma inevitable, la aplicación del artículo 155 de la Constitución para destituir a todos los miembros del Govern.

De hecho, Santi Vila ni siquiera ha llegado a cumplir cuatro meses como miembro del Ejecutivo autonómico, al que se incorporó el pasado 3 de julio tras la purga que Puigdemont aplicó a los consellers que no estaban dispuestos a cargar con las consecuencias penales de la declaración de independencia.

Vila comunicó a Puigdemont su decisión de abandonar el Govern el miércoles por la noche, pero no ha hecho efectiva su dimisión hasta este jueves, tras constatar que el presidente de la Generalitat había renunciado por completo a la convocatoria de unas elecciones autonómicas.

Santi Vila no es diputado en el Parlament y por tanto su huida no va a alterar el resultado de la votación de este viernes. Sin embargo, la amenaza de acciones penales sí ha hecho que otros diputados de Junts pel Sí estén dudando en estos momento si apoyar la DUI, según las fuentes consultadas por OKDIARIO.

Hasta 25 años de cárcel

La Fiscalía ya ha anunciado que presentará una querella contra los impulsores de la declaración de independencia por un delito de rebelión. Según el artículo 473 del Código Penal, esta acusación puede acarrear una pena de entre 15 y 25 años de cárcel para los líderes de la rebelión, y de entre 10 y 15 años de cárcel para sus subordinados.

Entre los diputados que estarían meditando no apoyar la DUI se encontraría el ex conseller de Justicia Germà Gordò. El que fuera tesorero del PDeCAT actualmente está apartado de la coalición Junts pel Sí: pasó al grupo parlamentario de no adscritos, tras ser imputado por los delitos de tráfico de influencias, soborno y malversación de fondos públicos en la causa del 3% sobre la financiación ilegal de la antigua Convergencia. No parece probable que quiera añadir a estos cargos el delito de rebelión.

Durante las últimas horas, también se ha especulado con la posibilidad de que se niegue a apoyar la DUI la diputada Marta Pascal Capdevila, que ha sido presidenta de las juventudes de Convergencia y portavoz de este partido.

A lo largo de la tormentosa jornada del viernes, otros dos destacados miembros del PDECAT han anunciado su intención de darse de baja del partido y renunciar a su escaño: el alcalde de la Seu d’Urgell, Albert Batalla, y el ex director general de Comunicación de la Generalitat en la etapa de Artur Mas, Jordi Cuminal.

Batalla y Cuminal dimiten por Twitter

Habían anunciado este gesto tras saber que Puigdemont pretendía convocar elecciones autonómicas, en lugar de declarar la independencia. No hay constancia de que hayan llegado a hacer efectiva su renuncia al escaño: sólo han dimitido por Twitter. Si mantienen el acta de diputados, lo más probable es que este viernes apoyen con entusiasmo la declaración de independencia.

La coalición Junts pel Sí (formada por ERC y el PDeCAT) y la CUP suman 72 votos en el Parlament. La Cámara autonómica está formada por 135 diputados y, por tanto, la mayoría absoluta está fijada en los 68 escaños.

En el caso de que, finalmente, al menos cinco diputados del PDeCAT se nieguen a apoyar la declaración de independencia, Puigdemont podría verse en dificultades para sacarla adelante. Pero esto sólo ocurriría si los grupos de Ciudadanos, el PSC, el PP y los podemitas de Catalunya Sí que es Pot votan en bloque en contra de la DUI.

Sin embargo, es muy probable que los miembros de Ciudadanos, el PP y el PSC decidan no participar en la votación de una propuesta a todas luces ilegal, como ya hicieron los días 6 y 7 de septiembre, cuando se votaron las leyes ilegales de desconexión y de convocatoria del referéndum del 1-O.

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