La Fiscalía amplía el foco a diputados separatistas y analiza actos de Tardà por si son delictivos

La Fiscalía sabe desde hace tiempo que el comportamiento delictivo no se circunscribe exclusivamente al Govern. Sabe que en la coordinación, organización, agitación o amplificación del comportamiento sedicioso o incluso constitutivo del delito de rebelión han participado las asociaciones ANC y Òminum. Pero es más: quiere comprobar si determinados comportamientos de los diputados -en concreto el de Joan Tardà- pueden quedar dentro de la calificación penal. Porque resultaría extraño que el llamamiento a la desobediencia o, incluso a la movilización en algunos de los tumultos, estuviese totalmente desconectado del plan coordinado que describió en su informe la Guardia Civil.

Unos de los informes que se analizan, de hecho, son de la Guardia Civil y se corresponden con los remitidos en los registros que realizó la Benemérita a finales de septiembre en diferentes sedes del gobierno catalán. Allí decenas de personas se concentraron ante el Departamento de Economía, en la Rambla de Cataluña de Barcelona, mientras se efectuaban las actuaciones ordenadas por la Justicia, entre ellas, 12 detenciones.

Y el portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Joan Tardà, era uno de los concentrados. El líder de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, actualmente en prisión, fue, de hecho, uno de los que llamó a la gente a movilizarse desde Twitter: «Ha llegado el momento, resistamos pacíficamente, salgamos a defender desde la no violencia nuestras instituciones”. La resistencia pacífica, como luego se pudo ver, no lo fue en realidad. Más bien fue un tumulto violento con destrozo de los coches, robo de armas y hasta escapadas de gente por las azoteas.

La Fiscalía estudia estos comportamientos. Y quiere comprobar también si otras personas pudieron estar en la organización o llamamiento a la movilización en estos actos.

La cuestión tiene una importancia adicional. Y es que si alguno de los imputados es aforado por el Congreso de los Diputados, caso que afecta al diputado mencionado, automáticamente el caso podría pasar al Tribunal Supremo, arrastrando al resto de aforados por el Parlamento catalán a llevar su caso ante instancias ubicadas fuera de Cataluña. Una decisión que eliminaría parte de la tensión adicional que tendrán estos procesos por juzgarse en Cataluña, al margen ya de la gravedad de los comportamientos y consecuencias penales del golpe de estado.