La Generalitat blinda su ‘cerebro’ informático ante la aplicación del 155

Generalitat Cataluña
Centro de Telecomunicaciones de la Generalitat de Cataluña. (Foto: EFE)
Luz Sela
  • Luz Sela
  • Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.

La Generalitat trata de blindar el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), su ‘cerebro’ informático, ante una inminente aplicación del artículo 155.

Este centro se considera clave en los planes de los independentistas para poner en marcha una República catalana, ya que, a través de él, se recibe, canaliza y gestiona la información de todos los organismos oficiales de la Generalitat, y de sus correspondientes empleados. El organismo controla por ejemplo las aplicaciones informáticas, correos electrónicos, líneas de telefonía dependientes del gobierno catalán, además de todas las comunicaciones -llamadas o correos electrónicos- de la policía autonómica y demás servicios públicos.

Moncloa es consciente de la importancia de este organismo. De ahí que una de las prioridades en la ejecución del 155 sea, precisamente, evitar que el gobierno catalán se sirva de él para construir una Administración electrónica paralela, del que podría servirse para construir un ‘gobierno en la sombra’.

Por ahora, ya está dando pasos hacia su blindaje. En una orden que este mismo miércoles se recoge el Diario Oficial de la Generalitat -‘sobre la sección de derechos inmateriales de la propiedad industrial e intelectual del Inventario General del Patrimonio de la Generalidad de Cataluña’- se insta a elaborar un inventario de los bienes inmateriales propiedad de la Generalitat y las entidades que forman parte de su sector público, incluido el CTTI. En ese inventario se recogerán, según se indica, «nombres de dominio, programas de ordenador y bases de datos», que se pondrán a disposición de la Dirección General del Patrimonio, dependiente en última instancia de la vicepresidencia y consejería de Economía y Hacienda, en manos de Oriol Junqueras. 

En la misma orden se establece que el CTTI como «entidad encargada de la implantación, la gestión y la explotación de los servicios, los sistemas y las redes de telecomunicaciones y telemáticas que sean necesarias para el funcionamiento de la Administración de la Generalidad de Cataluña y de las entidades de su sector público» está obligada a suministrar a esta Dirección toda la información relativa a derechos inmateriales sobre programas de ordenador y nombres de dominio de la Administración de la Generalidad de Cataluña y las entidades de su sector público.

La importancia de ese inventario no es menor. De hecho, en la hoja de ruta de la independencia figura que el área de Patrimonio sería la encargada de catalogar todos los activos de la Generalitat para una transición hacia la Cataluña independiente. Su responsable, Francesc Sutrias, fue uno de los catorce detenidos en el golpe a la cúpula organizadora del referéndum, el pasado septiembre.

Rastreo de información de los Mossos

El Centro de Telecomunicaciones está además en el punto de mira de la investigación sobre la inacción de los mandos de los Mossos durante el referéndum.

El pasado viernes, la Guardia Civil se presentó en la sede, con una orden judicial, para obtener correos electrónicos de un mando de la comisaría de Ponent de la policía autonómica.

Ante la presencia de los agentes, más de medio centenar de trabajadores se concentraron a las puertas del edificio, con pancartas en las que, entre otros lemas, pedían la libertad de los líderes de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, en prisión acusados de sedición por la Audiencia Nacional.

El organismo cuenta con 240 trabajadores que, hasta el momento, han colaborado activamente con el Govern en sus planes secesionistas, como ocurrió el pasado 1 de octubre, cuando se trató de activar toda una red informática al servicio de la celebración del referéndum ilegal, luego desmantelada por orden judicial. 

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