El Gobierno plantea una intervención en Cataluña de «mínimo impacto» ante los ciudadanos

La intervención de la Generalitat a través del 155 debe ser una intervención de la Administración, «no una intervención de cara a los ciudadanos», así resumía ayer una fuente del Gobierno el encargo de aplicación del mecanismo de intervención.

Y es que la consigna máxima es que debe tratarse de una aplicación del 155 rápida y de mínimo impacto. «Sin cirugía» la definen. Por ello el Gobierno quiere poner especial cuidado en la gestión a partir de este momento de las áreas más sensibles para el ciudadano. En especial, los servicios públicos: Sanidad, Educación y Servicios Sociales.

Por eso es importante que sean los Mossos quienes mantengan el orden público. Controlados por el Gobierno central, por supuesto. Y sin el mayor Trapero al frente de ellos, claro está. Pero con la premisa de que los ciudadanos no tienen que tener bajo ningún concepto una sensación de ocupación colonial.

Por la misma razón el Gobierno mimará la gestión de la Sanidad, de la Educación o de los Servicios Sociales. Porque lo último que quiere es que una bajada en el nivel de las prestaciones o un simple corte por problemas burocráticos pueda prender una mecha de agitación que sea utilizada por los grupos separatistas.

«El pago a los funcionarios, a los proveedores, la asistencia pública. Nada de todo eso debe verse afectado por la aplicación del 155», añade la misma fuente.

Aunque eso sí, fuentes oficiales no rechazan que la gestión si pretende cambiar una cosa. Y es que el mandato de asunción de las funciones de los consejeros autonómicos tiene que conseguir algo que en estos momentos, por desgracia, falta en muchas de las áreas. Y es que se tiene que lograr «una legalidad y neutralidad en la actuación de la Administración».

El reto será difícil. El Ejecutivo sabe que los grupos radicales intentarán perjudicar su gestión. Que los actos de boicot, de oposición o, incluso, de vandalismo, pueden surgir. Y que cualquier problema que surja será recriminado al Gobierno nacional.

Un reto que, además pretende restaurar la estabilidad jurídica y social en un tiempo récord de dos meses. El plazo en el que el pacto con el PSOE les pide que se desarrollen unas elecciones regionales de las que salga el nuevo Gobierno autonómico que sustituya definitivamente al actual.