Sesenta juristas piden que se intervenga el Colegio de Abogados catalán por coquetear con los golpistas

Rebelión en el Colegio de Abogados Catalán. Un grupo de más de 60 abogados de esa comunidad autónoma han pedido mediación al Consejo General de la Abogacía -el órgano máximo colegial a nivel nacional- para que acabe con la connivencia del Colegio catalán con los partidos separatistas y para que intervenga en el asunto frenando la deriva independentista.

El grupo, del que forma parte Ramon de Veciana Batlle señala en su carta remitida al Consejo General que “desde el 20 de septiembre pasado el ICAB (Colegio de Abogados Catalán) viene siendo, otra vez, utilizado de manera partidista por la nueva Junta de Gobierno”. El grupo de abogados que se ha levantado contra estos comportamientos señala que “el Arto 89.1.q) del Estatuto General de la Abogacía Española otorga a este Consejo facultades que le permiten intervenir para garantizar la adscripción de los abogados españoles a una entidad de derecho público neutral y dirigida a la ordenación y mejora de la profesión. En consecuencia, solicitamos la intervención de este Consejo”.

Los hechos por los que piden la intervención son numerosos. Entre ellos, el apoyo al referéndum ilegal. Del 1-O. Así señalan que “el ICAB el día 2 de octubre denunció “las situaciones de violencia” del día anterior, por lo que suscribió un comunicado, siguiendo el mismo posicionamiento que los anteriores, mostrando exclusivamente preocupación por la actuación policial. El propio Vicedecano, en un tuit no tuvo empacho en condenar “la violencia policial”, haciendo hincapié en su condición de vicedecano, en lugar de hacerlo a título personal”.

Los abogados destacan, además, que “el ICAB, no ha emitido ningún comunicado respecto a los acontecimientos ocurridos en el Pleno del Parlament de 6 y 7 de septiembre, o a las sospechas sobre el tratamiento de datos de los catalanes de manera completamente negligente por parte de la Generalitat, cuando sí que se estaba ante cuestiones jurídicas que sí afectaban a toda la población, fuesen o no partidarios de la independencia”.

“Obviamente, tampoco se ha hecho comunicado alguno condenando los disturbios y daños intencionados en bienes públicos de la noche del 20 al 21 de septiembre, o respecto al mantenimiento de un simulacro de referéndum, o a las amenazas públicas a políticos”, añade el grupo de abogados.

El escrito solicita igualmente la intervención nacional porque “desoyendo sus compromisos electorales, sus obligaciones legales, el precedente de la sentencia de 1 de diciembre de 2016, las quejas de numerosos colegiados contrarios a la utilización política del ICAB y, sobre todo, desoyendo su obligación de posicionarse a favor de la legalidad y la Constitución, nuestra Decana inicia una campaña en la que ofrece crear una comisión mediadora formada por diversas entidades y presidida por ella, para mediar entre la Generalitat y el Estado, obviando el requisito fundamental de toda mediación, que las dos partes cumplan la misma legalidad”.

Los abogados añaden un último y muy delicado punto. “Se ha dado la circunstancia de que de forma legítima y en el ejercicio de su profesión, el actual vicedecano del ICAB representa los intereses de entre otros, de Da Irene Rigau (exconsellera de Enseñanza) y D. Jordi Sánchez (presidente de Asamblea Nacional Catalana), este último investigado por la Audiencia

Nacional en relación con los hechos acaecidos recientemente en Cataluña. Ninguna incompatibilidad existe entre el ejercicio profesional y la condición de miembro de la Junta de Gobierno del ICAB, toda vez que además la presencia en la misma tiene carácter gratuito y debe ser reconocida como un servicio a todos los colegiados, sean cuales sean sus posicionamientos. Sin embargo, si que es profundamente lamentable la mención a su condición de vicedecano al realizar manifestaciones en relación con la defensa de los intereses profesionales que legítimamente ejercita”.