Caixabank celebrará todos sus consejos de administración y comités de dirección en Valencia

La primera consecuencia del traslado de domicilio social de Caixabank a Valencia tendrá que ver con las reuniones de su cúpula directiva. La tercera entidad financiera española celebrará todos sus consejos de administración y comités de dirección en su sede valenciana.

Las tensiones creadas en los mercados, ante la más que inminente declaración unilateral de independencia por parte de Puigdemont, ha llevado a dos de los bancos más importantes del sistema español a cambiar su sede social. Sabadell fue el primero en dar el paso, mudándose a Alicante. Después ha sido el turno de Caixabank que, debido a la inseguridad jurídica creada en Cataluña por la deriva secesionista, ha querido enviar un mensaje tranquilizador a clientes y accionistas trasladándose a Valencia.

Las famosas torres negras de Barcelona no volverán a ser el centro de poder de la entidad catalana. Su consejo de administración y los comités de dirección se trasladarán a Valencia. El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, y el resto del consejo se reunirán a partir de ahora en la sede de la calle Pintor Sorolla 2-4 en la ciudad del Turia, antigua sede del Banco de Valencia fusionado con La Caixa en julio de 2013.

El Consejo de Administración debe celebrar, según los estatutos de Caixabank, al menos 8 reuniones al año, «como mínimo una cada trimestre», según el artículo 36 de los citados estatutos. El mismo texto indica que la reunión del mismo tendrá lugar en la localidad «donde tenga el domicilio social el banco», en este caso, Valencia. Esto acarreará que la mayoría de los consejeros que actualmente tienen su residencia en Cataluña, deban desplazarse a Valencia para los cónclaves.

CaixaBank remitió este viernes un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en la que explica que con el fin de proteger a sus clientes, accionistas y empleados «y con el objetivo de salvaguardar plenamente la seguridad jurídica y regulatoria consustancial al ejercicio de su actividad, el Consejo de Administración ha decidido, por unanimidad, ante la actual situación política y social en Cataluña adoptar las medidas que sean necesarias para trasladar su domicilio social a la calle Pintor Sorolla 2-4 de Valencia».

La decisión del Consejo de Administración ha sido tomada gracias al decreto exprés aprobado este viernes por el Consejo de Ministros, por el cual se facilita la salida de las empresas radicadas en Cataluña sin necesidad de convocar la Junta General de Accionistas, condición ineludible en el caso de CaixaBank según sus propios estatutos.

En el aire queda la posibilidad de que la Junta General de Accionistas también pueda celebrarse en Valencia. Según los estatutos de la entidad catalana, el lugar para su celebración será «dentro del término municipal donde tenga su sede la Sociedad [CaixaBank]», aunque deja la puerta abierta a que la misma se pueda celebrar en cualquier parte del territorio nacional.

Bajo el paraguas del BCE

Los traslados de sede de CaixaBank y Sabadell obedecen, sobre todo, a apaciguar a los mercados y tranquilizar a clientes y accionistas. La mudanza a la Comunidad Valenciana de ambas entidades les permitirá mantenerse bajo el paraguas del Banco Central Europeo (BCE) y optar así unos 80.000 millones de euros en liquidez por parte de la institución que preside Mario Draghi.

Los clientes de la entidad, que ante la espiral independentista se preguntaban qué iba a pasar con sus ahorros en caso de que Puigdemont declarara unilateralmente la independencia, respiran ahora aliviados al saber que el traslado de los dos bancos lleva aparejada la protección del Fondo de Garantía de Depósitos europeo, que cubre los ahorros por titular y cuenta de hasta 100.000 euros.

Una posible salida de Cataluña de la UE, como consecuencia de la independencia, habría tenido un efecto inmediato en las cuentas de Sabadell y Caixabank –también en Mediolanum y Arquia, dos entidades menores que también han salido huyendo de Cataluña– ya que no habrían podido optar a los cerca de 80.000 millones de euros en liquidez que aportaría el BCE. Algo que los accionistas han penalizado estos días con importantes caídas de las acciones de las dos entidades catalanes y que han vuelto a recuperar valor a medida que se producían los anuncios de su huída del independentismo.