La Guardia Civil clausura el Centro de Telecomunicaciones de la Generalitat

Guardia Civil
Un agente de la Guardia Civil en el Centro de Comunicaciones de la Generalitat.

La Guardia Civil ha cerrado el Centro de Telecomunicaciones de la Generalitat (CTTI), donde ha entrado la mañana de este sábado en primer término para inhabilitar 29 aplicaciones destinadas a facilitar el voto electrónico en el referéndum ilegal.

Cuatro agentes habían acudido a primera hora de esta mañana al CTTI para comprobar si se han bloqueado los servicios informáticos para el voto telemático, como ordenó este viernes el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). El objetivo se centraba en determinar si han bloqueado el acceso a 29 aplicaciones informáticas que gestionan bases de datos y que se pretendían usar en el referéndum del 1-O, por lo que la juez obligó a suspenderlas en un auto que se notificó anoche a los responsables de la entidad.

En un auto, la magistrada Mercedes Armas, que dirige la investigación al gobierno catalán por el 1-O, requirió al Centro de Seguridad y de la Información de Catalunya (CESICAT) que adoptara las medidas necesarias para la «detección de puntos de votación electrónica en los diferentes colegios electorales definidos por la organización del referéndum».

La magistrada tomó esta decisión tras recibir un atestado de la Guardia Civil que, en el marco de la investigación secreta sobre el 1-O abierta por el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, detectó que la Generalitat «tendría establecido un plan por el que, a través de una aplicación conocida como ‘evot’ se podrían contabilizar los votos en los colegios electorales y podría ser empleada para ejercitar el voto telemático».

El CTTI es una empresa pública de la Generalitat en la que se integran todos los servicios informáticos y de telecomunicaciones de la administración catalana, mientras que el CESICAT es el organismo que garantiza la protección en materia de seguridad informática de la Generalitat.

El Gobierno: «Es un golpe al 1-O»

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha considerado que el bloqueo de las instalaciones supone «un golpe asestado a la organización del referéndum ilegal» y su anulación por el Estado de Derecho.

El ministro ha explicado que de esta forma se ha evitado que se pueda utilizar el voto telemático o el recuento de los votos. Ha precisado que esta intervención, como ha asegurado que ocurre con todas las que se están llevado a cabo, se ha realizado en el marco de estricto de la ley y por orden judicial.

«Con esta actuación queda de relieve algo que venimos diciendo hace mucho tiempo, que este referéndum ilegal convocado por la Generalitat, ya ha sido anulado por el Estado de derecho», ha destacado.

El Gobierno catalán ha advertido de que el bloqueo del sistema informático afectará de forma directa a servicios de la Generalitat, especialmente a partir del próximo lunes, por ser día laborable.

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