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La Hacienda catalana probará que no hace “nada ilegal” con una auditoria… de la propia Generalitat

Junqueras
Lluís Salvadó, ex secretario de Hacienda de la Generalitat de Cataluña.
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Junts pel Si y la CUP impidieron que el presidente Carles Puigdemont compareciera en el Parlamento autonómico catalán para dar explicaciones. Las acusaciones del ex senador de ERC y ex juez Santiago Vidal de que el Govern “tiene ilegalmente los datos fiscales de todos los catalanes” hicieron saltar una enorme polémica hace una semana y, desde entonces, sólo se han sucedido desmentidos de palabra y la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía. Ahora, la Generalitat ha anunciado que la Hacienda catalana se está sometiendo a una auditoría para demostrar que no hace “nada ilegal”, aunque será la propia Generalitat la encargada de esta investigación.

Tres auditores de la Autoritat Catalana de Protecció de Dades iniciaron el 30 de enero una auditoría para comprobar que toda la información de la Agència Tributària de Catalunya (ATC) se ajusta a la legalidad, ha anunciado este martes el secretario de Hacienda de la Generalitat, Lluís Salvadó.

En un encuentro con prensa sobre el despliegue de la Hacienda propia, ha explicado que el procedimiento durará un mes y se hace petición de la Generalitat. Inlcuso ha desafiado al Gobierno central a que participe en las pesquisas: “Si quiere, que venga la Agencia Española de Protección de Datos y nos audite. No tenemos nada que esconder”.

Considera que “no entra dentro del mundo real” que alguien pueda piratear los datos fiscales estatales porque están “brutalmente protegidos”, ha dicho textualmente, igual que los de la Generalitat, y ha añadido que el Govern no ha hecho ni hará nada para lo cual no tenga competencias.

Ha dicho que colaboran constantemente con la administración tributaria estatal (AEAT) y que la información que tiene Catalunya la tienen todas las autonomías: “No tenemos nada diferente. Es información que llevamos décadas compartiendo”, incluyendo datos del catastro, del censo unificado de contribuyentes estatal, documentos notariales, ITV y defunciones.

Salvadó ha justificado la petición de la propia Generalitat de una auditoría como respuesta inmediata a la preocupación de la ATC al publicarse que hay uso fraudulento de datos fiscales, en una referencia implícita a que el dimitido senador Santiago Vidal –cuyo nombre no ha pronunciado– aseguró que la Generalitat tiene ilegalmente todos los datos fiscales de los catalanes.

Limpieza de datos

El secretario de Hacienda también ha explicado que la ATC ha hecho “una limpieza a fondo” de la base de datos acumulada en 30 años de gestión de impuestos de su competencia, en la que ha detectado que casi la mitad de contribuyentes estaban duplicados, y sobraban más de la mitad de las direcciones registradas, por erróneas.

Ha calificado la información revisada de fiable, unívoca y más eficiente de cara a futuro, siempre dentro del marco competencial, aunque preparada para cualquier asunción de nuevas responsabilidades tributarias, ya que todo lo que se hace “se ajusta al marco legal” para una Hacienda catalana más eficiente y competitiva, agotando las capacidades competenciales en materia fiscal y con voluntad de construir una estructura con vocación de Estado.

Según Salvadó, el nuevo sistema de gestión tributaria puede soportar cualquier impuesto: “Tendrá IRPF cuando tengamos competencias. Podremos añadir los impuestos que convenga”, pero ha añadido que la ATC no construirá ahora una base de datos para recaudar el IRPF, ya que no puede porque no tiene competencias.

Ha aclarado que, si llegan esas competencias, los datos fiscales de los contribuyentes los tienen las empresas, que son las que “en todos los países del mundo” liquidan mensualmente el pago de cada trabajador, por lo que lo mismo pasaría en Cataluña.

Preguntado sobre quién debe dar estas competencias a la ATC, ha respondido que la ATC es poder ejecutivo y el Parlament el poder legislativo, por lo que ejecutará lo que apruebe el Parlament: “Nos debemos al legislativo catalán, y al estatal en la medida en que formamos parte del Estado español. En un escenario de futuro de independencia, la administración estatal y autonómica coincidirán en la misma“.

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