Paros del transporte

Los camioneros perseguidos por Marlaska superan a los separatistas investigados por cortar carreteras

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Segundo Sanz

Los camioneros huelguistas perseguidos por el Gobierno de Pedro Sánchez, el mismo que impulsó a través de los partidos del Ejecutivo la despenalización de los piquetes, superan ya a los separatistas catalanes implicados en los cortes de carreteras con barricadas tras la sentencia del golpe del 1-O.

En concreto, según datos facilitados por el Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska, el paro de un sector de los transportistas (autónomos, asalariados y pymes) suma más de medio millar de investigados o denunciados y 69 detenidos por la acción de los piquetes hasta este viernes, duodécimo día de la protesta. Una jornada que coincidió con la primera e infructuosa reunión de la convocante Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte con la ministra del ramo, Raquel Sánchez Jiménez, quien días atrás acusó a estos camioneros de «ultraderecha».

Fuentes del Ministerio del Interior precisaron que hasta este viernes hubo 69 arrestos, elevándose la cifra de investigados o denunciados a 566. De ellos, 125 son investigados, mientras que los 441 restantes han sido denunciados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por la comisión de presuntos delitos, que el juez tendrá que ahora dirimir.

Estos 441 denunciados, entre los que hay acusados de delitos de desórdenes públicos, daños y contra la Seguridad Vial, superan a los 328 separatistas catalanes que fueron denunciados y llevados ante la Justicia por cortes violentos de carreteras tras conocerse la sentencia del 1-O en otoño de 2019. Por entonces, Marlaksa ya era ministro del Interior. De hecho, siendo él máximo responsable del Ministerio del Interior, la Guardia Civil desplegó entonces en la frontera de La Junquera a los miembros de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS), la unidad de élite del Instituto Armado.

Estos 328 independentistas, violentos CDR organizados en torno a la plataforma Tsunami Democràtic, son los que según el colectivo Alerta Solidària fueron denunciados por los cortes de tráfico posteriores a la sentencia del 1-O del Tribunal Supremo en La Junquera, Salt, Amposta y La Aldea.

De esos 328, un total de 197 fueron conducidos ante el juez por los hechos ocurridos los días 10 y 11 de noviembre de 2019 en La Junquera, donde llegaron a congregarse cerca de 2.000 radicales en la autopista AP-7, con cortes que se prolongaron varios días para protestar contra la sentencia del 1-O. Allí mismo, los secesionistas colocaron un escenario de grandes dimensiones donde actuaron cantantes como el ex diputado Lluís Llach.

Casi 24.000 agentes

La semana pasada, coincidiendo con la cuarta jornada del paro de los camioneros, que se manifiestan al grito de «no somos terroristas, somos transportistas», se supo que el Ministerio del Interior había desplegado un dispositivo de 23.598 efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional para «garantizar el abastecimiento de productos esenciales y el derecho al trabajo de los transportistas que no secundan la huelga».

El departamento de Grande-Marlaska desplegó por toda España 16.476 guardias civiles y 7.122 policías nacionales a los que se sumaron efectivos de Ertzaintza, Mossos d’Esquadra y la Policía Foral de Navarra.

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