Bruselas exigió a Sánchez en mayo más «coordinación» autonómica y «unidad de mercado» frente al Covid

Consejo de Estado
Pedro Sánchez, en un acto en Bruselas.
Carlos Cuesta

La Comisión Europea reclamó ya en el mes de mayo algo que aún cuesta reconocer en la gestión del coronavirus del Gobierno socialcomunista: una mayor «coordinación» autonómica y «unidad de mercado» frente al Covid. La exigencia fue plasmada en uno de los documentos oficiales de Bruselas emitido el 20 de mayo. El caso que ha hecho Pedro Sánchez es descriptible: sigue sin tomar las riendas de la gestión plena desde el pasado 20 de junio salvo para ordenar confinamientos.

El documento de Bruselas era claro. Exigía «mejorar la coordinación entre los distintos niveles de gobierno». Y mencionaba las administraciones autonómicas por su competencia en materia sanitaria. El texto destacaba que «recomienda a España que tome medidas en 2020 y 2021 con el fin de: en consonancia con la cláusula general de salvaguardia, combatir eficazmente la pandemia, sostener la economía y respaldar la posterior recuperación de forma eficaz. Cuando las condiciones económicas lo permitan, aplicar políticas fiscales destinadas a lograr situaciones fiscales prudentes a medio plazo y garantizar la sostenibilidad de la deuda, al mismo tiempo que se fomenta la inversión».

Reforzar la capacidad

Además, Bruselas le pidió «reforzar la capacidad y resiliencia del sistema sanitario, en lo relativo a los trabajadores sanitarios y a los productos médicos y las infraestructuras esenciales». Igualmente reclamó «respaldar el empleo mediante medidas encaminadas a preservar los puestos de trabajo, incentivos eficaces a la contratación y el desarrollo de las cualificaciones. Reforzar la protección por desempleo, especialmente para los trabajadores atípicos. Mejorar la cobertura y la adecuación de los regímenes de renta mínima y de apoyo a la familia, así como el acceso al aprendizaje digital».

También,  le solicitaba al Gobierno de Pedro Sánchez»asegurar la aplicación efectiva de las medidas encaminadas a proporcionar liquidez a las pequeñas y medianas empresas y a los trabajadores autónomos, particularmente […] evitando retrasos en los pagos. Anticipar los proyectos de inversión pública que se encuentran en una fase avanzada de desarrollo y promover la inversión privada para impulsar la recuperación económica».

Igualmente Bruselas solicitaba al Gobierno de Pedro Sánchez «centrar la inversión en la transición ecológica y digital, y particularmente en el fomento de la investigación e innovación, en la producción y utilización de fuentes de energía limpias y eficientes, la infraestructura energética, la gestión de los recursos hídricos y de los residuos y el transporte sostenible».

Por último, «mejorar la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y reforzar el marco de contratación pública para respaldar la recuperación de forma eficiente». El mensaje incorporaba una explicación obvia: «En España, la fragmentación y los obstáculos reglamentarios impiden a las empresas beneficiarse de las economías de escala y afectan negativamente a la productividad. La Ley de Unidad de Mercado, que ya está siendo aplicada por los tribunales y las autoridades de defensa de la competencia, debe utilizarse de forma más activa para fomentar la mejora de la reglamentación y la competencia durante la recuperación».

Añadía que «en este contexto, las estrictas restricciones en materia de propiedad y mercado que han pretendido garantizar el suministro de bienes y servicios estratégicos durante la crisis provocada por la pandemia deberán suprimirse tan pronto como cese el período de emergencia».

Facilitar la recuperación

Porque «de modo más general, una coordinación reforzada y sostenida entre los distintos niveles de gobierno podría aumentar la eficacia de las políticas encaminadas a facilitar la recuperación». Pedro Sánchez no ha hecho mucho caso en la mayoría de las reclamaciones de Bruselas: ni en la eficacia de buena parte de las medidas del supuesto «escudo social»; ni en las exigencias de reforzar la protección frente al coronavirus; ni en las de ayudar a las empresas; ni, desde luego, en materia de coordinación de comunidades autónomas. Es que Sánchez sólo ha sacado las uñas con la Comunidad de Madrid y siempre dejando claro que sólo con Isabel Díaz Ayuso le sale el instinto controlador. Con el resto ha vivido de espaldas al avance de la enfermedad hasta el último momento.

Pero tampoco es una novedad la falta de caso de Pedro Sánchez a Bruselas. Hay que recordar las alertas lanzadas por la UE el 4 de marzo ante el evidente peligro del coronavirus, e incluso el ofrecimiento comunitario para que España comprara material de protección dentro de las adquisiciones comunitarias. Y es que todos esos mensajes también fueron desoídos.

Porque un 4 de marzo llegó el ofrecimiento y advertencia de la UE a España para que comprara de forma urgente material de protección y detección aprovechando las compras comunitarias. Y un 6 de marzo, el ministro Salvador Illa mostró su desinterés. El resto es conocido: falta de tests, mascarillas, guantes, batas y gel.

La primera advertencia a Pedro Sánchez sobre la recepción por Bruselas de datos que avalaban la falta de almacenaje de material contra el virus en diversos países -entre ellos España- fue expuesta en la reunión del 4 de marzo celebrada por la ECDC, la agencia de control de enfermedades de la UE. El representante en esa cita por parte del Gobierno de España, como ya ha publicado OKDIARIO, era Fernando Simón, el director del CCAES, el Centro de Alertas español para este tipo de enfermedades.

En esa reunión ya se recordó a España y al resto de países con problemas de abastecimiento de EPI y tests la existencia de un mecanismo de compras comunitarias a través de las vías de contratación europeas. La respuesta oficial de España llegó dos días después. En la reunión de ministros celebrada por la UE, donde se volvió a recordar la existencia de estas vías de compra conjunta y donde el ministro de Sanidad español mostró su absoluto desinterés.

Alerta global sanitaria

No se trataba, ni mucho menos, de la primera de las advertencias en este sentido, realizadas por la UE y diversas instancias internacionales. Hay que recordar igualmente que ya el 23 de enero, las reuniones del Comité de Emergencia RSI de la OMS dejaron constancia de estas alertas a España y al resto de países. Las actas de la OMS confirman que ya por aquellas fechas no se declaró la alerta global sanitaria porque «varios miembros del Comité argumentaron que, debido a las limitaciones y la falta de matices del sistema actual relativo a las ESPII (emergencia de salud pública de importancia internacional), es demasiado pronto para declarar este tipo de emergencia». Pero la gravedad era obvia: allí mismo se instó a otra reunión en los 10 días posteriores para volver a determinar la posibilidad de declarar la ESPII.

El 30 enero, el director general de la OMS declaró que el brote de 2019-nCoV constituía una ESPII.  Además se subrayó a los distintos países la necesidad de promover medidas de distanciamiento: «Es posible interrumpir la propagación del virus, si los países aplican medidas sólidas para detectar pronto la enfermedad, aislar y tratar los casos, hacer seguimiento de los contactos y promover medidas de distanciamiento físico en las relaciones sociales que estén en consonancia con el riesgo».

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