Las autonomías exigen herramientas legales para luchar contra el Covid ante la inacción de Sánchez

La falta de previsión del Gobierno desespera a las comunidades autónomas. Los presidentes autonómicos urgen a Moncloa a realizar cuantas modificaciones normativas sean necesarias para dotarles de marco legal para poder restringir libertades. No quieren que su autoridad pueda quedar tocada por la posterior decisión de un juez rechazando las medidas adoptadas.

Esa falta de herramientas es la que está generando más tensiones entre las diferentes administraciones. Sin estado de alarma, la posibilidad de confinar domiciliariamente depende de la ratificación o no de un juez de guardia. En Cataluña los tribunales rechazaron esa posibilidad mientras que en Albacete, esta semana, avalaron la vuelta a la fase cero de un pueblo entero.

El vaivén de prohibiciones ha tenido en el País Vasco y Madrid, a cuenta del cierre de los locales de ocio a partir de la 1.30 de la madrugada y la prohibición de fumar, las dos últimas polémicas. En la comunidad vasca el sector del ocio nocturno denunció ante la Justicia la decisión del Gobierno de Íñigo Urkullu de obligarles a cerrar a medianoche. Ahora los jueces les han dado la razón contra la norma administrativa. Pero cada tribunal autonómico adopta una decisión distinta, ya que en Cataluña por ejemplo se ha avalado la medida, y eso impide homogeneizarlas en todo el país.

Precisamente este viernes, un juez ha rechazado también la prohibición del Gobierno de la Comunidad de Madrid de prohibir fumar en las calles. Pese a que el acuerdo fue consensuado por todas las autonomías en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, el magistrado considera que se trata de una limitación de las libertades que no tiene encaje legal sin estado de alarma.

Los presidentes autonómicos quieren que las decisiones que adopten sean ya de cumplimiento obligatorio una vez se aprueben en reunión del Ejecutivo sin posibilidad de que, con los días, puedan decaer por decisión judicial. Para que eso fuera así el Gobierno debería tramitar modificaciones en algunas leyes, como la de salud pública, que permiten la restricción de libertades personales en beneficio del bienestar de la ciudadanía.

Pese a que la próxima conferencia de presidentes autonómicos, que se celebrará previsiblemente a finales de la semana que viene o principios de septiembre, estará centrada en la vuelta de los escolares a las aulas, varios presidentes urgirán a Sánchez a realizar las modificaciones de las leyes que les capaciten para adoptar las medidas sin necesidad de pasar posteriormente por los juzgados.

Desde la última reunión del Gobierno con los presidentes regionales, el pasado mes de julio en La Rioja, el contacto de Pedro Sánchez con la mayoría de ellos ha sido prácticamente inexistente. Y eso que en algunos casos la evolución de la pandemia ha vuelto a escenarios y cifras preocupantes, según reconocen desde el propio Ejecutivo. En el caso de Madrid, donde más están aumentando los contagios, fuentes del Gobierno regional recuerda que “Sánchez no ha hablado con la presidenta ni la ha recibido desde que fue elegida”. Una postura similar mantiene la Lehendakaritza que lamenta que “se está incumpliendo lo acordado con el PNV”.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, es el responsable de llevar la relación con los consejeros del ramo de cara a evaluar las medidas que se van adoptando en cada momento. En ocasiones especiales también actúa la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, que por delegación del presidente mantiene contacto permanente con varios vicepresidentes para las cuestiones legales respecto a las decisiones que son cuestionadas por los tribunales. De momento Moncloa ha apoyado todas las decisiones autonomías animándoles a recurrir.

Cuando el Ejecutivo negoció las últimas prórrogas del estado de alarma, PSOE y Podemos se comprometieron con Ciudadanos a sacar adelante esas modificaciones para no hacer descansar la lucha contra la pandemia en una herramienta constitucional tan extraordinaria como esa. Pero todavía no se han puesto manos a la obra. Moncloa confiaba en poder realizar esos trámites parlamentarios a lo largo del mes de septiembre, ya que situaban la segunda oleada en otoño.