La Audiencia obliga a Sánchez a devolver la «utilidad pública» a una asociación crítica con su gestión

El pasado lunes 7 de junio el Boletín Oficial del Estado publicó un anuncio bajo el epígrafe Otras disposiciones que afectaba directamente al Ministerio del Interior. La cartera del ministro Fernando Grande-Marlaska cumplía así con la obligación que le imponía mediante sentencia la Audiencia Nacional: restituir la condición de entidad de utilidad pública a una de las más prestigiosas organizaciones de Transparencia a la que se la había arrebatado en 2019. Ese año Transparency International España, la entidad afectada por la decisión de Interior, criticó duramente la apatía del Ejecutivo de Sánchez en materia de transparencia a la hora de perseguir la corrupción política.

Lo que hubiera sido un anuncio más en el BOE tiene una historia detrás que empieza en 2014. Ese año, Pedro Sánchez era secretario General del PSOE y el 13 de noviembre de ese año el partido anunciaba ser el primer partido político en España que firmaba un convenio con la organización Transparencia Internacional, demostrando, según ellos, «nuestra clara y firme voluntad de convertirnos en el partido más transparente de España».

Sánchez aseguró en el mismo acto de la firma del convenio su determinación para «liderar la transparencia en las organizaciones políticas» y, como prueba de ello, aseguraba Sánchez que «publicamos todos nuestro registro de bienes, patrimonio e intereses, así como las cuentas del partido, a la vista de todo el que quiera acceder a ellas, en la web del Partido Socialista». Ese mismo día el actual presidente del Gobierno anunció el nacimiento de un instrumento del que se ha hablado mucho en las últimas fechas: el Código Ético del PSOE, el mismo que se opone al apoyo de determinados indultos.

Según el PSOE se trataba de «la firma por parte de todos los miembros de la Ejecutiva Federal de un compromiso ético muy exigente en el cumplimiento de la transparencia y la ejemplaridad en la vida pública, como es el Código Ético».

Cinco años después de aquellas fastuosas declaraciones con foto incluida el Gobierno del PSOE fulminaba como entidad de utilidad pública a la misma asociación a la que había alabado en aquel acto. ¿Por qué?

Sólo un informe desfavorable

Según el Ministerio del Interior había un informe desfavorable emitido por el Ministerio de Hacienda, según el cual «En el presente caso, según la documentación que consta en el expediente, las actividades de la entidad consisten en la realización de estudios, publicaciones, jornadas, etc., sin que se acredite el interés general derivado de las mismas ni haya constancia de que los resultados que se extraen de dichas actividades tengan un impacto real en la sociedad en su conjunto y una repercusión más allá del grupo de personas interesadas en las actividades asociativas».

No se puede obviar que este dictamen se refería la vertiente española de una de las asociaciones más prestigiosas a nivel internacional, ya que no sólo se limita a señalar el estado de la corrupción política en los países del planeta sino que además propone soluciones y reformas para atajarla. Y eso es lo que la Audiencia Nacional ha reflejado en la sentencia que ha obligado a Marlaska a devolverle su cualidad de utilidad pública. «No resulta jurídicamente posible que ante la concurrencia de todos los requisitos relacionados legalmente se deniegue tal declaración», se explicaba en el fallo.

La calificación de utilidad pública no es un hecho anecdótico para este tipo de organizaciones, ya que les supone una serie de beneficios a niveles económico y administrativo que les hace mucho más viable su existencia.

Sólo por el mero hecho de perseguir la corrupción Transparency International España es obvio que beneficia a muchas más personas que a sus asociados y frente al dictamen esgrimido por Interior, el del Ministerio de Hacienda, hay otros organismos públicos que así lo valoran, pero curiosamente el departamento de Marlaska no mencionó ninguno.

Por eso, no deja de sorprender este cambio de parecer ahora modificado por la Audiencia Nacional y ratificado en el BOE. ¿Y qué dijo esta organización sobre el Gobierno de Sánchez en 2019? Para empezar colocó a España rondando las posiciones 41 y 44 de los 180 países analizados.

Pero su juicio más contundente fue este: «La corrupción en España sigue siendo un problema grave que debe llamar a la acción de nuestras autoridades y de la sociedad civil. Tras ya más de siete meses en el cargo, el nuevo Gobierno no ha realizado cambios sustanciales en la política anticorrupción. La prometida regeneración democrática no parece estar entre las prioridades del Gobierno». Era enero de 2019. Antes de que acabara ese año Interior dejó de considerar su trabajo de utilidad pública. Tal cual.