Directivos de las aseguradoras de los ERE dicen que las sobrecomisiones las fijaba la Junta

ERE
Juicio del Caso ERE (EFE).
Comentar

Rafael Velastegui y Antonio Santiago Villa, directivos de las compañías BBVA Seguro y Generali, han afirmado en el juicio del Caso ERE que las comisiones para gastos externos que se pagaban a los mediadores en las pólizas de rentas para beneficiarios de las ayudas de los expedientes de regulación de empleo fraudulentos se fijaban por los propios mediadores y el tomador de la póliza, en este caso la Junta de Andalucía.

En esto han coincidido ambos durante su declaración como testigos este martes en el juicio que celebra la Audiencia Provincial de Sevilla contra 22 ex altos cargos de la Junta por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales a trabajadores y a empresas en los ERE entre los años 2001 y 2010.

Estas ayudas, concedidas por la Dirección General de Trabajo y pagadas por el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), con fondos del programa presupuestario 31L se abonaban a los trabajadores beneficiarios de las mismas a través de la suscripción de pólizas de renta colectiva de prejubilación que financiaba la Junta.

Pues bien, según estos directivos de BBVA Seguro y Generali, en la prima de las pólizas se recogían el pago de una comisión en concepto de gastos externos para los mediadores en la tramitación de las mismas, en este caso vinculados a las compañías mediadoras Vitalia, Uniter y Estudios Jurídicos Villasís. Estas sobrecomisiones se están investigando en una pieza separada de los ERE en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, en la que están como investigados exdirectivos de estas mediadoras.

Los peritos de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones de la Administración estatal, en un informe, cifran en 66.155.573 euros las sobrecomisiones por encima de la media de mercado pagadas en las pólizas de prejubilaciones vinculadas a los expedientes de regulación de empleo (ERE) financiados por la Junta de Andalucía.

Velastegui, por su parte, ha declarado que la suscripción de las pólizas por parte de BBVA venían a través de los mediadores o de forma directa porque la Junta de Andalucía les llamaba para informarle de un concurso previo a dicha suscripción. Entre los mediadores ha citado Vitalia y su exdirectivo Antonio Albarracín. En el caso de Uniter y su exdirectivo José González Matas, tuvieron negociaciones para suscribir pólizas pero no llegaron a firmar.

En este sentido, ha asegurado que los gastos externos (sobrecomisiones) eran fijados entre el tomador (Junta de Andalucía) y el mediador. Velastegui ha señalado que existían comisiones de todos los porcentajes.

Ha explicado que en un momento determinado elevó una consulta al gabinete jurídico del BBVA por las “excesivamente altas” comisiones pagadas en Andalucía, en la que se apuntaba que no había nada alegal pero se establecieron unos criterios para esas comisiones en función de la cantidad de la prima. En concreto, a partir de un cinco por ciento, el tomador se tenía que hacer cargo de dichas comisiones. “Eso cambió el negocio de BBVA en la comunidad”, ha asegurado.

A preguntas del abogado del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, que ha centrado principalmente el interrogatorio a estos directivos, los testigos han señalado que no hay máximo establecido en el mercado para el pago de estas comisiones.

Por su parte, Antonio Santiago Villa ha recordado que mantuvo un encuentro casual con González Matas (Uniter) en Jerez de la Frontera (Cádiz) junto a otros directivos de Generali y éste le dijo que quería un contacto de la aseguradora en Andalucía porque tenía la posibilidad de gestionar “operaciones importantes con la Junta” en el negocio de rentas.

Villa ha señalado que en 2009 mantuvo una reunión con el ex director general de Trabajo Juan Márquez y la ex asesora de Empleo María José Rofa por los impagos de la Junta de las pólizas, lo que provocaba riesgo de impagos de ayudas a beneficiarios.

Según ha narrado, le llamó la atención “y se quedaron preocupados” por el desconocimiento de Márquez del riesgo que suponía los impagos así como la gestión de las pólizas. Además, le “llamó la atención” las críticas a la gestión de este asunto por su antecesor, Francisco Javier Guerrero, y el “desorden” a este respecto.

El testigo ha señalado que los mediadores cobran a medida que las aseguradoras reciben el dinero para pagar a los beneficiarios de las ayudas sociolaborales. Sobre el alto porcentaje de las comisiones, ha indicado que tras preguntar a los mediadores, éstos le dijeron que estaban establecidos en función de lo acordado con la Junta por “un conjunto de servicios” en la gestión de las pólizas.

Reclamaciones a la Junta

De otro lado, ha asegurado que Generali tiene en marcha reclamaciones a la Junta porque entre los años 2011 y 2012 la Junta decidió establecer nuevas comisiones para los mediadores en las pólizas vivas (las que aún se estaban pagando y que fueron tramitadas entre los años 2001 y 2010), siendo el máximo 2,60 por ciento. Entonces, reclamamos al Gobierno andaluz porque, aunque “aceptemos las nuevas comisiones”, las fijadas anteriormente (entre tomador y mediadora) al inicio de las pólizas no se pueden retrotraer. “Si eran el diez no se puede decir ahora que son el dos”, ha afirmado.

Por último, ha señalado que la comisión a los mediadores refleja el “conjunto de servicios de la mediación, ya que cuando sólo gestiona el listado de beneficiarios es menor”. “Si hubiese tenido conciencia de que las comisiones eran excesivamente altas hubiera preguntado al tomador, en este caso la Junta, si está de acuerdo”, ha reconocido Villa.

Últimas noticias