Caso ERE: La ex interventora general dice que no podía fiscalizar a la Consejería de Empleo

Rocío Marcos, interventora general de la Junta de Andalucía entre abril de 2010 y mayo de 2012 y con más de 30 años en distintos puestos de la Intervención autonómica, ha asegurado en el juicio por el Caso de los ERE fraudulentos que «un procedimiento irregular, por graves que sea, incluso por falta de crédito presupuestario, no es directamente es indicio de menoscabo de fondos públicos».

De esta manera se ha manifestado durante su declaración como testigo en el juicio que celebra la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla contra 22 ex altos cargos de la Junta por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales a trabajadores y directas a empresas en crisis entre 2001 y 2010.

En concreto, en virtud del convenio marco firmado en julio de 2001 entre la Consejería de Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), este ente pagaría las ayudas concedidas por la Dirección General de Trabajo con fondos del programa presupuestario 31L que allegaba al instituto a través de transferencias de financiación. Ya en abril de 2010 se aprueba el cambio de modelo, usando la encomienda de gestión como herramienta de financiación de las ayudas, cuyo pago materializa IDEA, en lugar de las transferencias de financiación.

Según Marcos, «un procedimiento irregular, por graves que sean éstas, incluso por falta de crédito presupuestario, no es directamente indicio de menoscabo», añadiendo que, además, «se han aprobado muchos procedimientos en los que concurren ambas circunstancias».

Además, ha asegurado que el informe de actuación, que no se plantearon realizar durante esta década en referencia a la concesión de estas ayudas, surgía ante indicios de infracción de alcance como el menoscabo, precisando de nuevo que «un procedimiento irregular no es igual a menoscabo», «incluso con indicios de nulidad o con compromisos adquiridos sin dotación presupuestaria».

Ha puntualizado que tampoco se apreció menoscabo en la Dirección General de Trabajo, órgano que concedía las ayudas. Preguntada sobre si la movilización de un crédito para pagar ayudas «sin procedimiento y sin control» era un actividad relevante para motivar un informe de actuación, la ex interventora general ha señalado que estas cuestiones no se daban en IFA/IDEA, de haber sido en este ente «se hubiese podido desencadenar este informe».

En este sentido, ha indicado que el Control Financiero Permanente, fiscalización a la que estaba sometido IDEA, no podía fiscalizar la actuación de la Consejería de Empleo ni emitir un informe de actuación sobre su proceder. El informe de actuación se emite si se detecta irregularidad en la entidad auditada, en este caso IDEA. «No puede emitirse en relación con la actuación de la Consejería, no procede», ha admitido.

Marcos ha expuesto que IFA/IDEA «no tenía competencia en la presupuestación que hacía la Consejería de Empleo de las transferencias de financiación ni era responsable del procedimiento de concesión de subvenciones», que ha vuelto a señalar como excepcionales y que, según la normativa, se dan «sin normativa previa reguladora, sin publicidad ni concurrencia y por interés público y social».

No obstante, «no sabe si todas -las ayudas dadas en esta década- eran excepcionales» y ha apuntado que la Intervención General recomendó que lo «lógico» era establecer una norma reguladora.

Sobre la puesta en marcha de la encomienda de gestión en 2010, que sustituía las transferencias de financiación, Marcos ha manifestado que suponía «cierta mejora» como su publicidad en el Boletín Oficial de Junta de Andalucía (BOJA) o la justificación del pago por parte de IDEA, pero las subvenciones concedidas al amparo de la encomienda «seguían exentas de fiscalización previa».

«Al seguir siendo competencia de Empleo -la concesión de ayudas-, hubiese requerido que la fiscalización se hubiese hecho sobre el instrumento (encomienda) y sobre todas las ayudas», ha explicado.

En este sentido, ha afirmado que el interventor delegado de Empleo dijo que había sido «un lamentabilísimo error» haber tramitado la encomienda como una transferencia de financiación, quizás «por la inercia» de la forma de hacerlo en años anteriores.

Marcos, que califica como «inadecuado» el uso de las transferencias de financiación pero «no ilegal», ha indicado que la responsabilidad de este uso es de la Dirección General de Trabajo, aunque, a diferencia de la anterior testigo María Luisa Raya -interventora desde 2010 del Control Financiero Permanente y desde 2013 del Control Financiero Permanente de IDEA-, no ve «mala presupuestación» de las transferencias.

De otro lado, entiende que los directores generales de IFA/IDEA, aunque «no sabe quiénes», sabían que las transferencias eran para pagar ayudas y no para explotación de la empresa pública.

Marcos, para quien no se puede hablar de «procedimiento» ni de «específico» en la concesión de ayudas, ha indicado las transferencias de financiación, que deben usarse para financiar la actividad de la empresa pública, a veces tienen especificaciones en su finalidad derivadas del programa al que pertenece, en este caso el 31L, cuya finalidad son las ayudas sociolaborales y a empresas.

Delegación de competencias

Por otro lado, ha afirmado que el convenio marco entre Empleo e IFA «no se publicó ni su contenido se recoge en ningún sitio», al tiempo que ha asegurado que «no lo vio» en los «cientos» de expedientes de las transferencias de financiación que remitieron al Juzgado de Instrucción para la investigación. Aunque el abogado del ex consejero de Empleo Antonio Fernández le ha exhibido un expediente en el que sí hace alusión al convenio marco, la testigo ha insistido en que «es posible que alguna vez apareciera, pero no había un conocimiento general de que la Dirección General de Trabajo concedía ayudas».

Previamente, ha indicado que la ficha presupuestaria del programa 31L «no describe que las ayudas las concede el director general de Trabajo -en lugar del consejero del ramo-, apuntando que «no encuentra en el Presupuesto referencia expresa a la delegación de competencias, ni en los expedientes de las transferencias».

Marcos ha señalado que las transferencias se fiscalizaban y se amparaban en el Presupuesto, pero no las subvenciones, que se concedían «al margen de la disponibilidad de fondos», de ahí el desfase presupuestario en las cuentas de IFA/IDEA.

«Hizo más de lo que tenía que hacer»

Ha defendido la labor de la Intervención General, asegurando que «no es garante de la legalidad general, sino de la que le permite la normativa», al tiempo que, en referencia a este caso, ha dicho que «hizo lo que tenía que hacer y más de lo que tenía que hacer, pues no paró de hacer recomendaciones sobre presupuestación» de las transferencias de financiación. También ha asegurado que la Consejería de Hacienda «no es supervisora» de la forma de ejecución y presupuestación de las otras consejerías, «no le corresponde».

«El sistema de control más perfecto no impide incumplimientos», ha manifestado, añadiendo que «todos los riesgos no pueden detectarse». Desde la Intervención General, con la aprobación de la Consejería de Hacienda, «se han propuesto muchas iniciativas y se han adoptados acuerdos y medidas», ha precisado en referencia al caso investigado.

Por último, Marcos, cuya declaración continuará este miércoles, ha manifestado que el Parlamento sabía que las transferencias del 31L se usaban para dar ayudas sociolaborales y que no se usaban para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias de IDEA, pero ha señalado que de la «exclusiva lectura» de la memoria o ficha de gasto «no se deducía que las ayudas las daba la Dirección General de Trabajo, ni nadie que leyera el Presupuesto lo veía».