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Sánchez se va y Franco sigue: el Gobierno no logra exhumar al dictador antes de convocar elecciones

Sánchez abandona La Moncloa antes de haber conseguido que los restos de Franco salgan del Valle de los Caídos. La exhumación del dictador fue su primera promesa estrella como presidente del Gobierno y un empeño personal que, ocho meses y un 'decretazo' después, no ha conseguido ver consumado.

Francisco Franco
Los Franco desmontan en su escrito de alegaciones finales el riesgo para la seguridad de inhumar a Franco en La Almudena

Sánchez se va sin conseguir que la exhumación de Franco, una de sus promesas estrella de gobierno, se haya visto consumada.Tras la celebración del Consejo de Ministros extraordinario que tendrá lugar este viernes, a partir de las 09.00 horas, Pedro Sánchez comparecerá en rueda de prensa para confirmar la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria oficial de elecciones generales. Lo hará el mismo día en el que el Ejecutivo pondrá fecha a la salida de Francisco Franco del Valle de los Caídos.

La llegada de los socialistas al Gobierno, vía moción de censura planteada a Mariano Rajoy el pasado mes de junio, se produjo con un polémico anuncio, retirar los restos del dictador de su mausoleo durante los últimos 40 años. El propósito de Sánchez se concretó en un ‘decretazo’ estival de su Ejecutivo que modificó «puntualmente» la Ley de Memoria Histórica para garantizar una cobertura legal máxima y «evitar que las demandas judiciales» paralizasen la medida.

Sánchez empeñó su palabra y concentró recursos para que todo se produjese «lo antes posible» pero muchos han sido los escollos que el Gobierno se ha ideo encontrando en los últimos meses para perpetrar su objetivo.

El primero y fundamental, la abierta oposición de la familia Franco que, desde un primer momento, advirtió que daría la batalla «con todos los mecanismos legales a su alcance» para evitarlo. De poco sirvieron, entonces, los esfuerzos de la vicepresidenta Carmen Calvo para mediar a través de amigos personales de los nietos del dictador.

El decreto aprobado por el Gobierno daba un plazo máximo de 12 meses para la exhumación. Sánchez no lo ha durado en Moncloa

No en vano, varios han sido los recursos al expediente administrativo diseñado ad hoc por el Gobierno para recabar todos los apoyos institucionales necesarios para el trámite. Desde la recusación de la instructora de dicho expediente, la subsecretaria de Justicia, Cristina Latorre, pasando por las denuncias de irregularidades en el nombramiento de altos cargos de Patrimonio Nacional, encargados de emitir firmas vinculantes, hasta la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo solicitando, como medida cautelar, paralizar la exhumación.

El alto tribunal rechazó entonces adoptar dicha prevención pero no sin antes advertir al Gobierno que no podría materializar ninguna acción concreta sin dar antes a la familia la posibilidad de agotar todas las vías de oposición. Dejaba con ello la puerta abierta a un futuro nuevo recurso que los herederos del dictador presentarán una vez se haga público el contenido del acuerdo adoptado por el Ejecutivo de Sánchez, este viernes.

El segundo, y no menos complejo, el puzzle de la Iglesia en la exhumación. La familia Franco ha apelado en varias ocasiones al Concordato con el Vaticano como fuente del ordenamiento -por encima de cualquier ley nacional- pero pese a las presiones iniciales del Gobierno y los ingentes esfuerzos diplomáticos, después -incluida la visita institucional de la vicepresidenta Calvo a Roma y su entrevista con el secretario del Estado Vaticano, Pietro Parolín- la Santa Sede siempre ha preferido mantenerse al margen y manifestado que la Basílica de Cuelgamuros donde está enterrado el dictador es un lugar de culto y, por lo tanto, queda protegida por ese acuerdo internacional.

La inhumación

El último y no menos importante episodio de la exhumación llegaba como resultado de la elección de un nuevo emplazamiento para los restos de Franco. También ahí la Iglesia se reafirmó. Y marcó distancias con la intención del Gobierno de impedir que los restos del dictador pudiesen ser trasladados al centro de Madrid, a la cripta de la Catedral de La Almudena, donde la familia posee varios nichos en propiedad.

Alegó entonces el Gobierno de Sánchez, a través de la Delegación del Gobierno en Madrid, motivos de seguridad para impedirlo. Extremo que también han sido rebatidos, frontalmente, por la familia Franco, mediante un informe pericial de parte en el que expertos policiales independientes  desmontaban tal afirmación.

Insisten los Franco en que, de persistir el empeño del ya saliente Gobierno por retirar al dictador de su ubicación actual, elegirá la madrileña catedral como alternativa. Y en este punto se encuentran las aspiraciones de Pedro Sánchez en su pulso para exhumar a Franco. Con independencia de lo que suceda en las próximas semanas, la realidad es que saldrá antes Pedro Sánchez del Palacio de La Moncloa de lo que lo hará el dictador Francisco Franco de su sepultura en el Valle de los Caídos.

 

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