El Gobierno se niega a desvelar en qué empresas tienen acciones sus ministros

El Gobierno, a través de la Oficina de Conflictos de Intereses, rechaza revelar las empresas en las que tienen acciones sus ministros.

A preguntas de OKDIARIO referidas, entre otros, al ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell y la ministra de Educación y portavoz, Isabel Celaá, el Ejecutivo concluye que esa información se enmarca en el «carácter reservado» establecido por la Ley del Ato Cargo, de 2015. Esta Ley, señala, «establece el carácter reservado del Registro electrónico de Bienes y Derechos Patrimoniales y regula el acceso a la información contenida en éste, incluyendo las declaraciones de bienes y derechos patrimoniales de los miembros del Gobierno».

En concreto, el Ejecutivo se ampara en el artículo que determina que sólo podrán tener acceso a esa información, además de los propios interesados, el Congreso y el Senado, las comisiones parlamentarias, los órganos judiciales «para la instrucción o resolución de procesos que requieran el conocimiento de los datos » o el Ministerio Fiscal.

No obstante, la misma Ley sí deja la puerta abierta a que los datos sí sean revelados, al afirmar que el contenido de esas declaraciones se publicarán en el Boletín Oficial del Estado (BOE) «mediante una declaración comprensiva de la situación patrimonial» de los altos cargos. La única obligación es omitir «aquellos datos referentes a su localización y salvaguardando la privacidad y seguridad de sus titulares».

Por ello, concluye el Gobierno, «se inadmite a trámite la solicitud de acceso a la información».

El Gobierno no revela ese detalle en las declaraciones de sus altos cargos que, el pasado septiembre, publicó en el BOE, y en las que sí se informa, de forma genérica, de las «acciones y participaciones en capital social o en fondos propios de entidades jurídicas negociadas».

En el caso del presidente del Gobierno, por ejemplo, declara 5.667,20 euros en acciones. Sánchez tiene esas acciones en Red Eléctrica, según consta en su declaración de bienes en el PSOE.

En el Congreso de los Diputados, por ejemplo, sus señorías sí declaran dónde tienen sus acciones. El modelo de declaración es, en ese caso, mucho más concreto, ya que obliga a los diputados a informar sobre las empresas y a desglosar, por ejemplo, el tipo de propiedades que poseen o su fecha de adquisición, además de la entidad bancaria con la que tienen suscritas sus hipotecas.

Se trata de una información relevante para determinar posibles conflictos de interés de los miembros del Gobierno en su acción legislativa.

Para la publicación de las declaraciones de bienes en el BOE, el Ejecutivo de Pedro Sánchez se amparó en el modelo aprobado en 2015 y que no obliga a desglosar los conceptos.

Así, no podemos conocer, por ejemplo, ni las empresas de las acciones, ni tampoco en qué bancos tienen sus depósitos los miembros del Ejecutivo, así como sus seguros de vida. Tampoco detalla los «demás bienes y derechos de contenido económico». El modelo dio lugar a equívocos, como que algunos ministros consignaban su plan de pensiones en ese apartado y otros lo hacían en «seguros de vida».

No obstante, los cargos sí deben informar a la Oficina de Conflictos sobre esos datos concretos, según consta en el modelo ‘secreto’, en posesión de la Administración.

En el mismo, se les requiere además información al detalle incluso sobre las «joyas, pieles de carácter suntuario, objetos de arte, antigüedades, vehículos, embarcaciones y aeronaves por un importe superior a 6.000 euros».

El Gobierno tenía capacidad para aprobar un nuevo modelo, más concreto, que informase de las acciones y otros datos esenciales para la transparencia, de la que presume. Siempre, en cumplimiento de la Ley el Alto Cargo y la «declaración comprensiva de la situación patrimonial» a la que obliga.

El Gobierno cumple su compromiso de transparencia. El BOE publica 1.500 declaraciones de bienes de 1.062 altos cargos de la AGE nombrados entre el 1 de julio de 2014 y el 26 de junio de 2018. @Transparencia #Gobierno #AdministraciónGeneraldelEstado #BOEhttps://t.co/qepjiYpV8e pic.twitter.com/ZS1loAj2rc

— Ministerio Política Territorial y Función Pública (@territorialgob) September 29, 2018

En el caso de Borrell, por ejemplo, declara 589.248 euros en acciones y participaciones en capital social o en fondos propios de entidades jurídicas negociadas, 4.600 euros en seguros de vida y 273.967 euros en otros bienes y derechos de contenido económico. Imposible saber cuáles y en qué sociedades.

El ministro de Ciencia, Pedro Duque, tiene 661.519 euros en acciones y participaciones en el capital social o en el fondo patrimonial de instituciones de inversión colectiva negociadas y 525.000 euros de acciones en entidades jurídicas negociadas.

La portavoz, Isabel Celaá, tiene 553.381,40 euros y 441.762,87 en otros bienes, entre otros.

La declaración tampoco informa de las sociedades patrimoniales o instrumentales de los ministros, como la de Duque, Copenhague Gestores de Inmuebles, destapada por OKDIARIO.