El Gobierno quiere limitar el aislamiento que se aplica a los presos más peligrosos

El Ejecutivo de Pedro Sánchez considera que este régimen es incompatible con la «reinserción» y «rehabilitación» de los presos, que se marca como objetivo.

Los módulos de aislamiento albergan a presos considerados de alta peligrosidad, de perfil reincidente o con serios problemas de disciplina en el ámbito penitenciario. También terroristas, bien sean de ETA o yihadistas,  cabecillas de redes de crimen organizado o pederastas, entre otros.

En este régimen, el más duro de la legislación carcelaria, el recluso está ingresado en celdas individuales y con una disciplina estricta, desde los horarios a las tareas que se les encargan dentro de prisión. Las salidas al patio son limitadas y separados de otros reclusos. Las comidas se realizan en la propia celda. El contacto con los funcionarios se reduce al límite para evitar problemas de seguridad.

El caso más significativo es el de los presos de ETA. Según datos de Instituciones Penitenciarias, de los 229 encarcelados actualmente en prisiones españolas, 71 lo hacen en régimen cerrado. Los principales criterios que rigen este aislamiento son, además de la gravedad del delito y de la condena, la personalidad violenta del propio recluso, su reincidencia y su potencial para organizar motines, agresiones a los funcionarios o riesgos de seguridad dentro de la cárcel.

En su comparecencia en el Congreso, el pasado diciembre, el Secretario General de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, ya avanzó, a petición de Podemos y Bildu, su «preocupación por el tema de las personas que llevan mucho tiempo en aislamiento» y se comprometió a «intensificar» su progresión «al grado que merezcan».

Reforma de la Ley

Previamente, la diputada de Bildu, Marian Beitialarrangoitia, recordó la intención del Gobierno de abordar el tema del aislamiento en una posible reforma de la Ley Orgánica General Penitenciaria, según una respuesta por escrito del Ejecutivo a su grupo. La parlamentaria se interesó especialmente por el caso de los presos de ETA, considerando que «es una cuestión que se debería revisar».

El Ejecutivo quiere también revisar el aislamiento disciplinario, que se establece como sanción por faltas muy graves, con agresividad, violencia o reiteración y cuya duración máxima, de acuerdo a la legislación, es de 42 días. En este caso, se han dado instrucciones para que ese período no se cumpla de forma consecutiva, sino intercalándose días en régimen ordinario, en períodos de catorce días. «El primer grado tiene que ser excepcional», aseveró también Ortiz.

Como ya reveló OKDIARIO, el Gobierno prevé priorizar un cumplimiento más laxo de las condenas, facilitando por ejemplo, en la medida de lo posible, que los reclusos las cumplan fuera de la prisión.

En distintas ocasiones, el propio responsable de las prisiones españolas se ha mostrado partidario del régimen abierto para que los condenados puedan cumplir su pena. En la actualidad, según datos de Interior, un 16,6% de las personas privadas de libertad se encuentran clasificadas en la modalidad de tercer grado (régimen de vida en semilibertad). El Ejecutivo insiste en el mismo argumento, que el cumplimiento estricto de la condena en el régimen interno condiciona la reeducación y reinserción social.

Aumento de las penas alternativas

El borrador de los Presupuestos Generales del Estado, en el apartado sobre ‘penas y medidas alternativas’, cifra en 33.0000 los presos «penados en programas de penas y medidas alternativas» para este año frente, por ejemplo, los 25.000 de 2017, o los 32.000 de 2018.

Como informó OKDIARIO, también se incrementan las “libertades condicionales como suspensión de condena”, 2.000 frente a las 1.309 de hace dos años, o las 1.451 del año pasado.

En lo relativo a las penas alternativas, como trabajos en beneficio de la comunidad, se indica que su crecimiento exponencial derivado de algunas modificaciones legislativas, como en Seguridad Vial, requieren “de un tratamiento específico”.

“Este objetivo lleva implícita la necesidad de un cambio en los modos tradicionales de gestión penitenciaria –históricamente centrada en el medio cerrado–, hacia un modelo que potencie y maximice la gestión y el cumplimiento de las penas y medidas alternativas a la prisión, libertad condicional, etc., por ser éstas las que conllevan un más alto grado de eficacia en la consecución de objetivos rehabilitadores”, se sostiene en el borrador.

Entre los objetivos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias se fija, por ejemplo, el desarrollo de los Servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas, el impulso y coordinación de las intervenciones de ONG´S para la colaboración en el cumplimiento y ejecución de penas y medidas alternativas o la creación de recursos y plazas para cumplimiento de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad.