Sánchez potenciará la vía ‘extrajudicial’ en sus conflictos con Cataluña

En este propósito tiene especial relevancia la relación con el gobierno independentista catalán, con quien el Ejecutivo socialista mantiene una relación de ‘tú a tú’ a través de la Comisión Bilateral de Cooperación. Un órgano, previsto en el Estatut, que fue impulsado activamente con la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa.

La intención del Gobierno es resolver, al margen del Tribunal Constitucional, la conflictividad derivada, especialmente, del reparto de las competencias.

La vocación se recoge en el mismo proyecto de Presupuestos, que este lunes llegó al Congreso para iniciar la tramitación parlamentaria.

En concreto, la memoria de objetivos del Ministerio de Política Territorial plasma expresamente el «impulso y coordinación de actuaciones con los Departamentos ministeriales y las Comunidades Autónomas, encaminadas a la solución extraprocesal de conflictos de competencias».

Doble de actuaciones

Un propósito que también se contemplaba en cuentas públicas anteriores, aunque, en este caso, con un notable fortalecimiento. Si en 2018, por ejemplo, la previsión del Ejecutivo de Mariano Rajoy de actuaciones en este ámbito era de 110, para 2019 el Gobierno de Sánchez la estima en prácticamente el doble (200).

Con la llegada del líder socialista, y en una cesión a los partidos secesionistas, el Gobierno se abrió a estudiar qué recursos planteados por el Ejecutivo de Mariano Rajoy ante el Tribunal Constitucional contra sus leyes autonómicas podrían retirarse.

En su primera reunión con el presidente catalán, Quim Torra, Sánchez se comprometió ya a retirar los recursos contra las leyes de pobreza energética, cambio climático y universalidad de la sanidad pública.

Esa promesa se plasmó apenas dos meses después en el desestimiento de este último, considerando el Ejecutivo que «no existe contradicción entre la norma autonómica y la estatal tras la recuperación de la Sanidad Universal en España».

Desde entonces, el Ministerio de Política Territorial de Meritxell Batet revisa, en coordinación con el Govern, hasta 16 recursos presentados por el Estado contra normas catalanas.

También están todavía en manos del Constitucional nueve conflictos planteados contra el Estado por Cataluña, que es la comunidad que más recursos y conflictos mantiene en el alto tribunal contra la normativa estatal.

Desde el Ejecutivo socialista se considera que puede haber asuntos susceptibles de pactar un desestimiento tanto por la existencia de nueva jurisprudencia constitucional o porque alguna de las dos partes está dispuesta a cambiar su norma.