Congreso de los Diputados

Sánchez dilata la reforma del indulto para mantener viva la legislatura con el apoyo de los golpistas

Pedro Sánchez
Pedro Sánchez y Carmen Calvo conversan con Joan Tardà (ERC), en el Congreso.

El Gobierno pretende acompasar el debate sobre la reforma de la ley del indulto a sus relaciones con los independentistas catalanes, de los que depende para tramitar los Presupuestos y mantener la legislatura. Tras solicitar las comparecencias de expertos -un trámite inédito- el PSOE quiere ahora abrir de nuevo el plazo para la presentación de enmiendas. El procedimiento obligaría, una vez, a dilatar su tramitación parlamentaria, encallada desde hace dos años. 

En fuentes de la oposición consideran que la intención real de los socialistas no es otra que acabar desistiendo de esa tramitación, para evitar el debate sobre el indulto a los acusados por rebelión y sedición, como es el caso de los dirigentes secesionistas, en vistas a las relaciones con esos partidos. Es decir, retirar definitivamente la reforma, algo que se podría hacer sin aparentes problemas.

La reforma de la ley del indulto, que data de 1870, fue inicialmente propuesta por el PSOE para excluir de esa medida de gracia los delitos de corrupción y violencia de género. Sin embargo, en sus enmiendas el PP incluyó los delitos de rebelión y sedición y la tramitación de la proposición quedó empantanada durante meses en la Cámara.

En octubre, y después de que el PP amenazara con presentar otro texto centrado en el independentismo catalán, si no se impulsaba la iniciativa, la Comisión de Justicia del Congreso constituyó la ponencia de reforma.

La Mesa de esta Comisión está presidida por la diputada socialista Isabel Rodríguez, y el PSOE suma mayoría con ERC (tres diputados frente a dos del PP), con lo que tiene capacidad absoluta para marcar los tiempos. Pese a ese tibio intento de reactivación, la reforma parece de nuevo encallada.

Los expertos avalan la ley actual

La tesis de que el PSOE acabe prescindiendo de un debate del todo incómodo se reafirma con el hecho de que los expertos citados por el partido, además de los designados por Podemos, PNV o ERC, rechazaron la pasada semana establecer por ley un catálogo de delitos excluidos de lo que es una prerrogativa constitucional.

Entre ellos, el catedrático de Derecho Penal José Luis González Cussac, propuesto por el PSOE, que, como informó OKDIARIO, defendió esa idea en que la “pulsión social” como elemento de justificación no será la misma “dentro de 10 años”.

Según este experto, “cualquier delito puede tener una consideración de menor gravedad” pasado ese tiempo, “más allá de lo que a nadie se nos puede escapar de puras razones de oportunidad política”.

Con él, el abogado del Estado y exdiputado del PP Jesús López-Medel consideró que la motivación debe ser “clara, razonada y amplia”, sin fórmulas genéricas o estereotipadas.

Medel amparó que los delitos de corrupción puedan quedar fuera del indulto, pero, ante la posibilidad de que se haga un listado “con la mitad del Código Penal” o basado en un “pim pam pum político” que podría cambiar con el tiempo, propuso una formulación genérica por la que “no sean indultables los delitos que causen un amplio rechazo social”.

Por su parte, el magistrado del Tribunal Supremo y catedrático de Constitucional, Pablo Lucas Murillo, cuya comparecencia había sido solicitada por el PNV, ha apostado por mantener la figura del indulto con los límites que marca la Constitución y se preguntó por qué no prohibirlo también para delitos como el terrorismo, la tortura, la trata de personas, la pederastia o el mismo asesinato.

A propuesta de ERC, el catedrático de Derecho Penal, Josep María Tamarit, consideró que establecer un catálogo de delitos excluidos desvirtuaría la naturaleza de la propia figura. El PP renunció a citar a ningún experto y consideró “extravagante” que se hubiese decidido celebrar estas sesiones once meses después de que los grupos presentaran sus enmiendas.

Tras este trámite, los grupos deberán redactar aún el informe de ponencia y discutir las correspondientes enmiendas que finalmente se introducen en la proposición de ley. De ahí, el texto tendrá que ser votado en Pleno, y trasladado al Senado.

Eso, sin tener en cuenta la posibilidad, como ahora se plantea, de que se abra de nuevo el plazo para enmiendas, lo que dilataría casi sine die el procedimiento.

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