VOX usará los Presupuestos andaluces para bloquear las subvenciones a asociaciones radicales

VOX dará la batalla con sus 12 diputados en el Parlamento de Andalucía. La formación de Santiago Abascal no arroja la toalla en cuanto a la polémica Ley de Género y utilizará los Presupuestos para bloquear las subvenciones destinadas a asociaciones radicales o ideologizadas.

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Santiago Abascal con varios dirigentes de VOX. Foto: Europa Press
Carlos Cuesta

Los de Abascal no renuncian a sus 100 medidas iniciales puestas encima de la mesa de negociación de Andalucía. Usará a sus 12 diputados en el Parlamento autonómico para seguir peleando por desmontar la Ley de Género –tal y como ha publicado OKDIARIO– y una de las claves para hacerlo ya está definida: usar la tramitación de los Presupuestos regionales para bloquear las partidas que recojan subvenciones a las asociaciones radicales, ideologizadas, ONGs que colaboren con las mafias implicadas en la inmigración ilegal. O aquellas que, pese a declarar un objeto social diferente, se dediquen, por ejemplo, a la persecución en las redes sociales con objetivos clara y netamente políticos.

VOX no cierra la pelea por sus postulados. Sabe que cuenta con 12 diputados regionales y que eso no permite aplicar todo su programa. “Pero una cosa es reconocer esa evidencia y otra muy distinta es que renunciemos a nuestras propuestas y a pelear por ellas. Y eso no va a ocurrir nunca”, destacan fuentes del partido.

Hay que recordar que VOX planteó un programa inicial de 100 medidas. Que, una vez sentado ya en la mesa de negociación con el PP, presentó un documento de 19 puntos donde se concentraban buena parte de esos primeros cien compromisos. Y que, a su vez, una parte muy importante de esos 19 apartados tenían una derivada económica.

Pues bien, esa va a ser una de las claves de su defensa de los postulados que no han podido entrar en los puntos del acuerdo de investidura definitivamente firmado con el PP: utilizar los Presupuestos –donde se deben dotar de contenido real económico todas las medidas que incorporen apoyo de fondos públicos– para frenar aquellas políticas o gastos que vayan en contra de sus principios.

Y de esa manera pretende bloquear las ayudas públicas a asociaciones feministas radicales y a todo el resto de subvenciones que afectan a asociaciones ideologizadas: ya sean partidos políticos, sindicatos o las asociaciones que, pese a dar otro nombre a su actividad, divulgan la ideología de género desde el lado de las LGTBI o desde cualquier otro enfoque. También se frenarán las subvenciones a ONGs que colaboran con las mafias de inmigración ilegal o a las asociaciones que prestan servicio de forma opaca a objetivos políticos realizando bombardeos o persecuciones en las redes. Y eso se aplicará a las asociaciones de todo tipo de ideología: ya sean socialistas, comunistas, conservadoras o liberales.

Es decir, que el objetivo final es acabar por completo con el sistema de pago y mantenimiento desde la Junta de Andalucía de todo un entramado de corrientes e ideologías.

Fiscalizar las subvenciones

La propuesta no se ocultaba en los documentos de VOX: “Realización de una auditoría externa que fiscalice las subvenciones concedidas en los últimos años. Estudio jurídico para reclamar los fondos que no hayan tenido una evidente utilidad pública”, señalaba el documento que entregaron al PP los hombres de Santiago Abascal. Y eso se pedirá en el Parlamento andaluz: un chequeo de todas las subvenciones concedidas para auditarlas y ver el resultado final de estos pagos.

Porque de los 42 millones de euros concedidos en subvenciones, sólo el 2,8% ha acabado en sus fines sociales reales. El resto se ha quedado en la estructura”, señalan desde VOX. Y eso significa que “hay chiringuitos que viven de las ayudas”, añaden.

Hay que recordar que el documento de negociación con el PP reclamaba igualmente la “supresión de subvenciones a asociaciones islámicas”; de “la lluvia masiva de subvenciones a las asociaciones de feminismo supremacista” y las destinadas a colectivos LGTB porque “los derechos de las personas de orientación homosexual están ya reconocidos en las leyes ordinarias y la Constitución. España no es un país “homófobo” que necesite leyes especiales. La Ley 8/2017 atribuye privilegios injustificados a las asociaciones LGTB, como el derecho a interferir en la educación, a contar con órganos específicos en la Administración y a recibir subvenciones”.

En resumen, VOX seguirá, ahora desde el Parlamento regional buscando una eliminación total de las subvenciones que han generado la estructura “clientelar” sostenida por la Junta de Andalucía y que le ha permitido influir de forma constante ideológicamente en la vida andaluza.

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