El Gobierno de Sánchez ofrece prácticas no remuneradas a los becarios del Ministerio de Trabajo

El Ministerio de Trabajo ha firmado un convenio con la Universidad Complutense de Madrid para la realización de prácticas académicas por parte de los jóvenes universitarios, como complemento a su formación docente. El departamento de Magdalena Valerio añade, expresamente, que estas prácticas tendrán la condición de «no remuneradas».

El convenio -que este lunes recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE)- fue suscrito, a finales de noviembre, por subsecretario del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Raúl Riesco, y Lucila Finkel, delegada del Rector de la Complutense para la Formación Permanente, las Prácticas Externas y la Empleabilidad.

Ambas partes, se destaca, «consideran aconsejable promover la cooperación y colaboración en el desarrollo de un programa de prácticas para universitarios que les permita aplicar y complementar los conocimientos adquiridos en su formación académica, favoreciendo la adquisición de competencias que preparen para el ejercicio de actividades profesionales y faciliten la búsqueda de empleo».

El programa está dirigido a estudiantes de dicha Universidad, que podrán realizar en el ministerio sus prácticas externas además del Trabajo de Fin de Grado o Máster de cualquier enseñanza que se imparta en la Complutense.

Según se indica, «la participación del ministerio en el programa de prácticas no supone la adquisición de más compromisos que los estipulados en el presente convenio y, en ningún caso, se derivarán obligaciones propias de un contrato laboral y por consiguiente no existirá ningún tipo de retribución por parte del ministerio».

Además, se añade que «al no ser una relación de carácter laboral la existente entre el estudiante y el ministerio, en el caso de que al término de las prácticas el estudiante se incorpore a la plantilla del mismo, el tiempo de estancia no se computará a efectos de antigüedad». Las prácticas podrán ser de dos tipos: curriculares (las que tienen su origen en los diversos planes de estudios) y  extracurriculares o voluntarias.

«Diligencia en las tareas»

El convenio impone una serie de obligaciones a los estudiantes, como que «deberán aplicarse con diligencia a las tareas que se les encomienden, de las cuales guardarán secreto durante su estancia y una vez finalizada ésta».

La circunstancia de que el propio ministerio ofrezca estas prácticas a los jóvenes, sin contraprestación económica alguna, choca con la promesa del propio Pedro Sánchez poco después de llegar a La Moncloa.

En julio, durante la comparecencia en el Congreso para informar de su programa de Gobierno, Sánchez avanzó la creación de un Estatuto del Becario para proteger los derechos de este colectivo, así como la eliminación de las prácticas extracurriculares, que ahora sin embargo sigue ofertando. En su lugar, propuso los contratos de relevo y prácticas y una nueva regulación de las prácticas no laborales y los programas de becarios, para evitar «abusos» por parte de las empresas.

El ‘Plan de choque por el Empleo Joven 2019-2021’, aprobado a principios de este mes por el Consejo de Ministros, ataca el «marco legal favorable a la temporalidad», fruto de los gobierno del PP, y opina que «la no existencia de regulación adecuada ha posibilitado que se desarrollen modelos de subempleo encubierto (becarios o “falsos autónomos”) que dificultan la transformación del modelo productivo e imposibilitan a la juventud española acceder en igualdad de condiciones al mercado laboral».

Lo que Sánchez defendía

Entre las medidas propuestas se prevé la «colaboración» con las Universidades para «el desarrollo de las prácticas profesionales» y se avanzan «actuaciones de compromiso de contratación con los programas de formación de las Universidades y con prácticas académicas externas».

Igualmente, se avanza un «Estatuto de las prácticas no laborales» para, dice el Gobierno, «integrar y regular a los derechos de las personas en esta situación, contemplando en el mismo todas aquellas relaciones en las que una persona se incorpore a la empresa o a cualquier organización pública o privada para adquirir conocimientos prácticos establecidos previamente en su plan de estudios».

«La nueva regulación tiene como objetivo la garantía del carácter formativo de las prácticas, la protección social adecuada y el apoyo económico durante su realización», reza, en concreto, la medida 31.

Este Estatuto, proponen los socialistas, será negociado en la Mesa de Diálogo Social, pudiendo tomar como referencia lo establecidos en otros países, como sería el caso de Francia.

En su programa electoral para las pasadas generales, el PSOE prometía ya textualmente: «El Estatuto de los Trabajadores incorporará una definición de la condición de becario o becaria, de modo que exigirá que la finalidad de su actividad en la empresa sea únicamente formativa y no productiva, requiriéndose en todo caso que la persona becada se encuentre incorporada a un programa formativo curricular. Y se garantizarán sus cotizaciones a la Seguridad Social».