Política de inmigración

El Gobierno de Sánchez aplaza ‘sine die’ la acogida de refugiados que exigía a Rajoy

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El Ejecutivo de Rajoy solo ofreció un 12,85% de las plazas que tenía la obligación de ofertar.

En julio, el Tribunal Supremo instó al nuevo Gobierno a completar sus obligaciones.

El discurso del Gobierno de Pedro Sánchez en materia de inmigración choca con la realidad de sus políticas y contradicciones. El Ejecutivo socialista ha decidido aplazar, sin fecha prevista, la acogida de refugiados que, en su momento, exigía con vehemencia a Mariano Rajoy. Se trata del cupo de 19.449 personas procedentes de Grecia e Italia que la Unión Europea asignó obligatoriamente a España en 2015.

En julio, el  Tribunal Supremo condenó al Estado español por incumplir parcialmente esas obligaciones, recordando que, en este tiempo, solo había ofrecido un 12,85% de las plazas que tenía la obligación de ofertar. En la sentencia, el Supremo -primer tribunal nacional en condenar a su país por ese incumplimiento- recordaba al Gobierno de Rajoy que se había saltado un acuerdo “vinculante y obligatorio” e instaba al nuevo Ejecutivo de Sánchez a completar el cupo asignado, recordando que la propia Comisión Europea subrayó en un documento en 2017 que la obligación legal de reubicar a quienes cumplen las obligaciones no cesará después de septiembre, una vez expirado el plazo de aplicación de las decisiones. Según ese compromiso, España debe dar solución a 13.086 peticiones procedentes de Grecia y 6.363 de Italia.

Sánchez prometió acogerlos

El nuevo Gobierno mostró su disposición total a cumplir con la sentencia del Supremo y acoger a los refugiados acordados por las autoridades comunitarias. El presidente, Pedro Sánchez, aseveró que “los compromisos están para cumplirse”, recordó los “incumplimientos de la administración anterior” y destacó la “sensibilidad y empatía” del nuevo Ejecutivo “con la realidad dramática que viven miles de seres humanos en el Mediterráneo y ante los cuales -dijo- no podemos mirar hacia otro lado”.

Unas palabras que fueron correspondidas por sus ministros de Exteriores, Josep Borrell, quien reprochó que “los compromisos de un país no son humo de paja” e Interior, Fernando Grande-Marlaska, que destacó la “firme” intención del Ejecutivo en cumplirlos “sin necesidad de que instancias judiciales” tuviesen que decírselo.

El Gobierno de Sánchez alega ahora que  el plazo de aplicación de las decisiones de la UE “ha llegado a su fin”

Ahora, en cambio, el Gobierno da marcha atrás y no ve tanta urgencia en la atención de los refugiados, ni en cumplir con la sentencia del Supremo.

“Dudas jurídicas y procedimentales” 

En una respuesta parlamentaria al senador de Compromís, Carles Mulet -fechada el pasado 19 de noviembre- el Ejecutivo recuerda el compromiso de Sánchez pero admite que, actualmente, se está aún “estudiando cómo se podría dar cumplimiento al fallo”.

El Gobierno justifica el retraso en que “el proceso de reubicación implica un elevado número de actores institucionales tanto a nivel nacional como comunitario” y afirma además -en contra a la sentencia del propio Supremo y a las indicaciones de la Comisión Europea- que el proceso de reubicación está regulado en dos decisiones de la UE de 2015, con “carácter temporal y provisional” y  “el plazo de aplicación ya ha llegado a su fin”. 

“Por tanto, las decisiones que se adopten para cumplir la sentencia se tomarán en el momento en que se despejen las dudas jurídicas y procedimentales mencionadas anteriormente”, resuelve finalmente el Gobierno de Sánchez, dilatando el procedimiento. Añade, además, que su intención es diseñar un “plan global y realista” que “dé cumplimiento a la sentencia”.

En su día, el PSOE criticó a Mariano Rajoy por “jugar al mercadeo con la cifra de refugiados” y le instó a “ser solidario”. “España no es país para refugiados y el Gobierno no quiere que seamos un país que acoja a las personas que huyen de la guerra”, aseveró el entonces portavoz socialista en el Congreso, Antonio Hernando. El partido solicitó la comparecencia del Secretario de Estado de inmigración para informar sobre los “incumplimientos”.

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