El PSOE busca expertos que rechacen la prohibición por ley del indulto a los golpistas

El Gobierno ha dado un paso más para dilatar el debate sobre la figura del indulto en los condenados por rebelión o sedición, los delitos que se atribuyen a los imputados del ‘procés’.

El PSOE, junto a sus socios en la moción de censura -Podemos, PNV y partidos independentistas- ha votado este martes en la Comisión de Justicia a favor de iniciar una ronda de consultas con expertos, que se pronuncien sobre la oportunidad o no de revisar esta medida de gracia. La Comisión debía iniciar ya los debates sobre las enmiendas presentadas a la reforma de la ley de indultos, que fue presentada por el PSOE en 2017 para  prohibir que esta medida se conceda a condenados por corrupción y por delitos de violencia de género.

Entre esas enmiendas, la más sensible para los socialistas es la presentada por el PP para excluir de este perdón a los condenados por sedición o rebelión, lo que afecta a los independentistas catalanes que están en prisión preventiva por el referéndum ilegal.

La maniobra socialista de llamar ahora a expertos es inédita. Sobre todo, porque ese proceso suele darse, en su caso, antes de que los grupos formulen sus enmiendas, y a fin de facilitarles la toma de postura. Nunca en una fase tan avanzada del trámite parlamentario.

Expertos a favor del indulto

Según fuentes de la Comisión, cada grupo podrá proponer dos comparecientes, hasta un máximo de catorce. La mayoría procederán, por tanto, del bloque del PSOE y sus aliados. De esta forma, los socialistas podrían justificar que la ley se aplace aún más, o incluso, que decaiga, si una parte de los expertos son partidarios de mantener la ley como está.

«Estamos viendo cómo se quiere dilatar y retrasar la enmienda del PP, porque los indultos son moneda de cambio para que Sánchez pueda mantenerse en La Moncloa», ha aseverado la portavoz del PP en el Congreso, Dolors Montserrat, tras la reunión de la Junta de Portavoces en el Congreso.

Al menos hasta febrero

La maniobra vuelve a retrasar significativamente el debate de la enmienda del PP.

Aunque los socialistas afirmen que las citaciones se pueden solventar en dos semanas, los cálculos dilatan el debate al menos hasta febrero o marzo. Y eso, en caso de que llegue a producirse. 

Según explican fuentes parlamentarias, la Mesa de la Comisión -con mayoría de PSOE y ERC- tiene que abrir ahora un plazo para que los grupos presenten sus candidatos. Una vez aprobados, se debe fijar el procedimiento para contactar con ellos y fijar una fecha para su asistencia a la comisión, que no suele ser inferior a tres semanas. A eso se añade que el calendario está interrumpido por las elecciones en Andalucía -una semana sin actividad en el Congreso-, por el parón navideño y porque enero es inhábil a efectos del trabajo parlamentario (salvo que los partidos decidan lo contrario).

La justificación del PSOE es que las enmiendas presentadas revisten una «complejidad jurídica» que requiere de las aportaciones de expertos, alegan fuentes de la Comisión. Desde el PP afirman que se trata, simplemente, de una «decisión política» y recuerdan que lo único que garantiza que los golpistas no puedan ser indultados por Sánchez es que, finalmente, se apruebe esa reforma, con su enmienda.

El PP valora un recurso de amparo

Los ‘populares’ valoran presentar un recurso de amparo a la Mesa de la Comisión, según avanzan fuentes del partido a OKDIARIO. Aunque esta medida no tendría ningún efecto por la mayoría de bloqueo de que dispone el PSOE.

La Comisión de Justicia del Congreso, presidida por la socialista Isabel Rodríguez, desbloqueó a principios de octubre el debate sobre la reforma del indulto, tras meses paralizada.

Tras numerosas prórrogas, los grupos presentaron sus enmiendas el pasado mes de febrero, pero desde entonces nada se había movido hasta que la portavoz parlamentaria del PP, Dolors Montserrat, urgió a la convocatoria de la ponencia para impulsar la tramitación.

Montserrat dio un ultimátum de 24 horas al PSOE para activar la modificación de la Ley de Indultos y así impedir que esta medida de gracia se pudiera aplicar a condenados por sedición o rebelión y avisó de que si la proposición de ley seguía paralizada, registrarían en el Congreso otra alternativa y una reforma del Código Penal para recuperar tipos delictivos como la convocatoria de un referéndum ilegal. En la práctica, solo la decisión de la Comisión tendría efecto.