La Fiscalía acusará a los líderes del golpe del 1-O de rebelión «sin armas ni combate»

«Rebelión sin armas ni combate». Esta será la acusación que la Fiscalía presentará este viernes contra los dieciocho líderes independentistas que a partir de enero se sentarán en el banquillo de los acusados del Tribunal Supremo por su papel en el referéndum ilegal del 1 de octubre. Lo que no está tan claro, según fuentes de la fiscalía consultadas por OKDIARIO, es que se les vaya a aplicar los delitos de sedición o conspiración para la rebelión, como se había apuntado desde un primer momento.

La Fiscalía no cede así a las presiones del Gobierno para retirar el delito de rebelión, aunque añade este matiz importante a la acusación en base a la primera acepción del artículo 473 del Código Penal que regula el delito y que abre la puerta a rebajar la acusación a lo largo del juicio que se celebrará en el Tribunal Supremo.

El Ministerio Público opta por no añadir ningún agravante al delito y dejarlo en el escalón más leve. Un matiz, además, que abre la puerta a una nueva ‘euroorden’ de detención contra los que se encuentran fugados de la Justicia española sin acusarles de violencia. En este sentido, cabe recordar que los tribunales alemanes tumbaron la extradición de Carles Puigdemont al no apreciar violencia en el delito de rebelión, equiparable en su código penal al de alta traición.

Con esta acusación, el la Fiscalía sustenta que los líderes independentistas se rebelaron contra el Estado, pero no prueba el uso de armas ni violencia, pese los altercados producidos en la sede de la Consejería de Economía el 20 de septiembre, durante los registros ordenados por el juzgado número 13 de Barcelona y que conllevaron la detención de varios miembros del Govern y la entrada en prisión de los líderes de la ANC y Ómnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. El juez instructor del caso, Pablo Llarena, consideró este asedio como una «toma de rehenes».

La introducción de este matiz en la apreciación del delito de rebelión podría hacer reducir la estancia en prisión de los 25 a los 15 años, una rebaja significativa al no imputárseles el uso de la fuerza o las armas para llevar a cabo sus acciones contra el Estado.

Al resto de procesados que se encuentran en libertad provisional, la Fiscalía les acusará de delitos como sedición, desobediencia o malversación de caudales públicos. Delitos todos ellos que, en caso de ser condenados, conllevan penas mucho menores que las de rebelión, que pueden llegar a los 25 años de cárcel.