Alcalá Meco y Soto del Real, las favoritas

Rato quiere una cárcel cercana a San Fernando de Henares por el inicio del juicio del caso Bankia

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Rodrigo Rato. (Foto: EFE)

Rodrigo Rato quiere ingresar en una prisión cercana a la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid) ante el inminente inicio del juicio por el caso Bankia en el mes de noviembre.

El pasado 3 de octubre, la Sala Segunda del Tribunal Supremo confirmaba la pena de 4 años y medio de prisión para Rato por un delito continuado de apropiación indebida en el caso de las ‘tarjetas black’ de Caja Madrid. Una semana después, recogía en la Audiencia Nacional el decreto que ordenaba su ingreso en prisión en el plazo de 10 días hábiles. Dicho plazo vence este mismo jueves.

Según las fuentes consultadas por OKDIARIO, Rodrigo Rato no ha elegido hasta el último momento la prisión, aunque un factor habría decantado la balanza. El próximo 26 de noviembre, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional inicia el juicio por la salida a Bolsa de Bankia, que le sentará en el banquillo de los acusados junto a otras 33 personas más procesadas en la causa. Las sesiones se celebrarán en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid).

En este contexto, dos prisiones serían las principales favoritas por encontrarse a poca distancia de San Fernando de Henares: la cárcel de Alcalá Meco, muy vieja, (a 17 kilómetros) y la mediática Soto del Real (a 52 kilómetros). Cabe destacar que el expresidente de Bankia tendrá que ser trasladado diariamente a las sesiones del juicio y por ello, estas dos serían las principales opciones. Tampoco se descarta el penal de Aranjuez (a 57 kilómetros).

Otra alternativa, sería la cárcel de Estremera, una de las más modernas y con mejor limpieza en las instalaciones y las celdas, sin embargo, se encuentra a 72 kilómetros de San Fernando. Otra de las opciones que barajaba era el centro penitenciario de Brieva, no obstante, se encuentra a 131 kilómetros de la se de la Audiencia Nacional que acogerá desde el próximo mes el juicio de Bankia.

Rato de 69 años como es lógico se encuentra abatido ante su inminente ingreso en prisión y la comodidad del centro penitenciario que elija es un factor determinante. La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que le condenó por las ‘tarjetas black’ rechazaba en las últimas horas su petición de evitar la prisión hasta que el Tribunal Constitucional resolviera el recurso que presentó contra la sentencia condenatoria.

Según la Audiencia Nacional, «no ha lugar a la petición formulada por la representación procesal del penado de dejar en suspenso el ingreso en prisión hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional». Los magistrados advertían a Rato de que esa suspensión del ingreso en prisión debía decidirla en todo caso el Constitucional y que por tanto, tenía de plazo hasta este jueves, incluido, para elegir una cárcel y presentarse en ella para cumplir la condena.

La defensa de Rato alegaba la falta de riesgo de fuga y descartaba la posible desprotección de las víctimas al ser supuestos «inexistentes» en este caso «como acredita la actitud procesal» de Rato durante el proceso y la reparación del daño «realizada y garantizada» al haber devuelto los 99.000 euros que desembolsó.

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Rodrigo Rato. (Foto: EFE)

El otro frente judicial de Rato

Las cuentas pendientes de Rodrigo Rato con la justicia no terminan con el cumplimiento de la condena por las ‘tarjetas black’ y el juicio del caso Bankia.

El titular del Juzgado de Instrucción nº 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, investiga al exministro por corrupción, delitos fiscales y blanqueo. El caso sigue abierto a la espera de decretar el procesamiento, lo que iniciaría el protocolo de apertura de juicio oral, o el archivo de las pesquisas.

El presunto trato de favor en la concesión del contrato publicitario de Bankia a las agencias Zenith y Publicis a cambio de comisiones derivó en una investigación a gran escala en la que la Agencia Tributaria atribuía inicialmente a Rato el fraude de unos 6,8 millones de euros y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, un supuesto blanqueo de capitales.

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