El Instituto Nacional de Ciberseguridad descifrará las grabaciones y la Policía las escuchará

El juez se reúne con Fiscalía, Policía y Ciberseguridad para descifrar los audios de Villarejo

Comisario Villarejo
El Comisario Villarejo, durante su entrevista en exclusiva con OKDIARIO.
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La Audiencia Nacional ha acogido este miércoles una reunión al más alto nivel entre el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción nº 6 que investiga el caso Villarejo, la Fiscalía Anticorrupción, la Policía y el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España INCIBE para establecer la hoja de ruta sobre las grabaciones incautadas al comisario encarcelado.

Según las fuentes consultadas por OKDIARIO, el cónclave celebrado por la mañana apenas duraba una media hora y en él se acordaba que el INCIBE se hiciera cargo en los próximos días de descifrar el algoritmo de los discos duros de Villarejo que impide a la Policía escuchar las grabaciones incautadas en los registros de su casa y su oficina.

La información, contenida en unos 14 discos duros y 47 dispositivos pendrive supera los 20 terabytes de memoria. Para descodificarlos, se asignarán 4 funcionarios del citado organismo radicado en León dependiente del Ministerio de Economía y Empresa. Además, se dará prioridad a los dispositivos del comisario Villarejo frente a los requisados a su socio Rafael Redondo.

Si el INCIBE consigue descodificar los audios, se remitirán de nuevo a la Brigada de Investigación Tecnológica y la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional para que se encargue de su escucha y transcripción.

Estas mismas fuentes, sostienen que en el horizonte hay un plan B en el caso de que el INCIBE no consiga descifrar el contenido encriptado. Dicha alternativa pasaría por remitir las grabaciones al Centro Criptológico Nacional, dependiente del Centro Nacional de Inteligencia CNI.

Una alternativa que tal y como develó este diario fue desechada inicialmente por falta de confianza. Este tipo de cometidos los realiza habitualmente el Centro Criptológico Nacional, sin embargo, el enfrentamiento abierto entre Villarejo y el director del CNI, el general Félix Sanz Roldán, desaconsejaba esta opción.

Hasta el momento, la Brigada de Investigación Tecnológica y la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional no han conseguido extraer las grabaciones que atesora desde años el comisario al encontrarse cifrados y desconocer las claves. El instructor dio de plazo hasta finales de septiembre para que la Policía entregará un informe sobre las grabaciones, pero ha resultado imposible descifrar el código.

Cibercrimen
Alberto Hernández, director general del Instituto de Ciberseguridad de España (INCIBE). (Foto: Francisco Toledo).

Los investigadores temen las grabaciones que puedan contener estos dispositivos informáticos, así como las que pudieran permanecer escondidas todavía y salir a la luz a través de los medios de comunicación.

El caso es declarado “causa compleja”

Mientras tanto, el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción nº 6 ha decidido aplicar el protocolo de la “Guía práctica de actuación en la tramitación de causas complejas por corrupción” publicada en julio de 2017 por el CGPJ para investigar la denominada “Operación Tándem”. El objetivo es “facilitar la tramitación del procedimiento y dar una ágil y pronta respuesta al mismo, facilitando la adopción de decisiones y proporcionando una mayor seguridad jurídica”.

Este protocolo de actuación fue creado por la Unidad de Apoyo para Causas por Corrupción UACC, que se constituyó en marzo de 2015, como una unidad de carácter técnico al servicio de los jueces y magistrados, integrada en la Secretaría General del CGPJ. Su función principal consiste en agilizar la adopción de las medidas necesarias para el reforzamiento de los Juzgados en los que se tramiten causas por corrupción.

Dicho protocolo recoge pautas de actuación en la investigación de los tipos delictivos incluidos en el ámbito competencial de la UACC. Entre ellos, los delitos societarios, blanqueo de capitales, delitos contra la Hacienda Pública, delitos de prevaricación, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos o delitos de corrupción en las transacciones internacionales.

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