Artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

El Gobierno acelera la reforma que volverá a dilatar eternamente las causas judiciales

Dolores Delgado
La ministra de Justicia, Dolores Delgado.
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El PSOE presenta una iniciativa para derogar el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

El Gobierno vacía de atribuciones a la Fiscalía para decidir los plazos

El Gobierno ya avanzó que la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM), que establece plazos máximos a la instrucción de causas penales, sería una de sus prioridades.

Este martes, el Partido Socialista ha registrado una Proposición No de Ley en el Congreso (PNL) que avanza en ese sentido. En el texto, al que ha tenido acceso OKDIARIO, los socialistas reclaman la derogación inmediata del citado artículo, al tiempo que piden acelerar la tramitación de la ‘proposición de ley de derogación del plazo máximo previsto para la instrucción en la Ley de Enjuiciamiento Criminal’, que el partido presentó el año pasado y se encuentra en trámite de enmiendas. 

La Fiscalía no podrá decidir

En el texto de la iniciativa, los socialistas vacían además de capacidad a la Fiscalía para decidir la ampliación de los plazos, como así establece la ley. El PSOE destaca que “en nuestro sistema procesal, el director de la investigación penal no es el Ministerio Fiscal, sino el juez de instrucción, por lo que resulta incongruente que la ampliación de la duración de la instrucción para practicar nuevas diligencias y esclarecer hechos delictivos dependa de quien no es el encargado de esa investigación”.

“Si a ello le unimos la ausencia de medios óptimos para el control de la duración de los procedimientos, se genera un riesgo de impunidad inaceptable”, concluyen.

El PSOE ve “incongruente” que el Ministerio Fiscal pueda decidir sobre los plazos de la instrucción

La reforma de 2015 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ‘para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales’  estableció que, en las causas no complejas, las diligencias de instrucción se deberán practicar en un plazo máximo de seis meses desde la fecha del auto de incoación del sumario o de las diligencias previas, mientras para las complejas se prevé un plazo de investigación de 18 meses. No obstante, pueden solicitarse ampliaciones.

Esas ampliaciones corresponden al instructor, “a instancia del Ministerio Fiscal y previa audiencia de las partes”, que podrá “declarar la instrucción compleja (…)” antes de la expiración del plazo.

La ley establece como causas ‘complejas’ las referidas a grupos y organizaciones criminales, tenga por objeto numerosos hechos punibles, involucre a gran cantidad de investigados o víctimas, exija la realización de pericias o de colaboraciones recabadas por el órgano judicial que impliquen el examen de abundante documentación o complicados análisis, implique la realización de actuaciones en el extranjero, precise de la revisión de la gestión de personas jurídico-privadas o públicas, o se trate de un delito de terrorismo.

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, denunció precisamente este lunes en un desayuno informativo organizado por Europa Press, que el PP estaba impidiendo la derogación de este artículo, dilatando con ampliaciones de enmiendas el trámite parlamentario.

Ahora, los socialistas intentan esquivar esa circunstancia -adecuada al reglamento parlamentario- saltándose la tramitación y registrando en paralelo otra iniciativa que persigue el mismo objetivo.

Desde el Gobierno se defiende que “el 324 en este momento lo que abre son espacios de impunidad con una carga añadida para el Ministerio Fiscal, que se ve absolutamente constreñido por esos plazos y no puede investigar ni sacar adelante una acusación”.

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