El PP propone una ‘Historia común’ de España en los colegios para combatir el adoctrinamiento

El Partido Popular propone entre sus medidas para combatir el adoctrinamiento en las aulas la elaboración de un «texto de Historia objetiva» que sirva de referente para las Administraciones educativas autonómicas y las editoriales. Ese texto se encargaría a la Real Academia de Historia, y sería la base para la elaboración de los libros de texto y los distintos materiales didácticos, lo que evitaría la intencionada tergiversación sobre la Historia de España en algunas comunidades, especialmente Cataluña.

El líder del PP, Pablo Casado, ha convertido el combate de la ideologización educativa en uno de sus principales objetivos. Desde que asumió la presidencia del partido, sus medidas en este sentido han sido varias. Entre ellas, que el Estado pueda centralizar las competencias en educación si la Alta Inspección educativa no cumple con sus funciones y no se acaba con el adoctrinamiento nacionalista como ocurre en las escuelas catalanas.

Competencias estatales

En una entrevista con OKDIARIO, el pasado julio -siendo aún candidato a la presidencia- Casado ya afirmó que, para erradicarlo, «el currículum formativo y los profesores deben ser estatales, no de las comunidades autónomas».

«En educación el curriculum educativo lo tiene que marcar el Estado, no las CCAA. Se tiene que realizar un fortalecimiento del Estado sin tocar la Constitución y eso se puede hacer consiguiendo que la selección del profesorado sea nivel nacional», avanzó a este diario. La Inspección educativa, afirmó además, “tiene que garantizar que no hay adoctrinamiento  Y que se enseña el español en toda España”.

En una enmienda reciente presentada por el grupo parlamentario del PP en el Senado, el partido concreta algunas de las fórmulas en este sentido, como que se «garantice la inclusión de los elementos del currículo común básico establecido por el Ministerio de Educación por parte de las Comunidades Autónomas».

Refuerzo a la Inspección

Los ‘populares’ insisten especialmente en la necesidad de establecer un «nuevo marco normativo» que refuerce la capacidad de actuación de la Alta Inspección Educativa.

Ese refuerzo permitiría a los inspectores elaborar informes sobre la inclusión de los aspectos básicos del currículum en las respectivas autonomías o «de la garantía de igualdad de derechos de todos los alumnos, en particular, los derechos lingüísticos».

La Inspección, además, podría actuar «de oficio o a instancia de parte» en los centros educativos, y la vulneración de los «principios y valores contenidos en la Constitución» daría lugar a las correspondientes sanciones administrativas.

Hasta ahora, el Gobierno de Pedro Sánchez ha descartado ampliar las funciones de los inspectores.

El Ejecutivo ya sorprendió cuando, a mediados de septiembre, afirmó que el informe que el Gobierno de Mariano Rajoy encargó a la Alta Inspección sobre adoctrinamiento en las aulas -y que recoge numerosos ejemplos de adoctrinamiento, como que Cataluña sea considerado un país o se omitan las alusiones a la Constitución- carecía de “rigor científico”.

El Gobierno descartó además hacer público el informe, y tampoco tiene intención de encargar uno nuevo.