Joaquim Forn pide al Supremo investigar si el Estado planteó el estado de sitio por el 1-O

Joaquim Forn
Joaquim Forn, ex conseller de Interior de la Generalitat.

El exconseller del Govern Joaquim Forn, procesado por presunta rebelión, ha pedido al TS revocar el auto de conclusión del sumario y nuevas diligencias; entre ellas, determinar el Estado activó por el 1-O el plan de apoyo de las Fuerzas Armadas a los cuerpos policiales, y si el Gobierno debatió proponer al Congreso el estado de sitio, actuaciones previstas si hay «graves amenazas para la seguridad nacional».

En su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el abogado del exconseller de Interior, Javier Melero, se opone al cierre de la instrucción y propone una batería de nuevas diligencias de investigación para determinar si el Estado articuló algún mecanismo en base a la Ley de Defensa Nacional para dar respuesta al conflicto en Cataluña, ya que, según el auto de procesamiento del TS, era «de naturaleza insurreccional y atentatorio contra la integridad del territorio».

Forn pide requerir al Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas (CNPIC) que diga si adoptó planes de protección de infraestructuras críticas sobre el 1-O; y que el Departamento de Seguridad Nacional –que depende de Presidencia– diga si adoptó disposiciones en base a la Ley de Seguridad Nacional que se prevén contra amenazas graves para la seguridad nacional tales como «una rebelión atentatoria contra la integridad territorial del Estado».

Reclama que el Gabinete de la Presidencia del Gobierno remita las actas del Consejo de Ministros de 2017 en los que se debatiera una proposición al Congreso para una declaración del estado de sitio, en base a la Ley Orgánica de estados de alarma, excepción y sitio.

En esta línea, quiere que el TS pregunte a la ministra de Defensa por las disposiciones adoptadas por su Ministerio en relación al 1-O en base a la Ley de Defensa Nacional, y, en concreto, si se adoptaron planes de protección de infraestructuras críticas, planes de contingencia, y si se activó el plan ‘Cota de Malla’, de apoyo a las Fuerzas Armadas a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en ese periodo.

También quiere que la Secretaría de Estado de Seguridad, concretamente al Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (Citco), remita el acta de la reunión de la Mesa de Valoración de la Amenaza del 19 de agosto de 2017, dos días después de los atentados en Catalunya, para saber si, ante la situación política en Catalunya, se valoró elevar la alarma terrorista a nivel 5, permitiendo el auxilio de las Fuerzas Armadas para liberar a efectivos policiales para tareas de seguridad ciudadana.

Armas de los Mossos d’Esquadra

En paralelo, pide que el director de los Mossos d’Esquadra proporcione el número total de subfusiles del cuerpo, y la ratio de arma por agente, y que el Ministerio del Interior haga una comparativa entre cuerpos de ese ratio, para determinar la «auténtica capacidad ofensiva de esa fuerza de 17.000 hombres armados» que aparecen en la querella de la Fiscalía y en el auto de procesamiento del TS como uno de los puntales con capacidad intimidatoria real del movimiento supuestamente insurreccional.

En su escrito, la defensa también solicita aclarar la cifra de operativos de Mossos disponibles los días 30 de septiembre, 1 de octubre –fecha del referéndum–, 3 de noviembre –cuando hubo el ‘paro de país’– y 21 de diciembre, día de las elecciones catalanas, para determinar si pudo haber una «infradotación anormal».

Para saber la capacidad de lesión de las «masas supuestamente rebeldes o sediciosas», pide que el Ayuntamiento de Barcelona haga un balance de daños a mobiliario de la ciudad el 20 de septiembre –cuando hubo la concentración ante la Conselleria de Economía por un registro de la Guardia Civil– y el día del referéndum, y la cifra de agentes heridos el 1-O, con detalle del diagnóstico clínico.

Asimismo, requiere que se oficie al ministro del Interior el número de detenciones practicadas el 1-O, con especificación de los motivos, para conocer la «gravedad y entidad de la resistencia ofrecida por las masas rebeldes y sediciosas a las Fuerzas de Seguridad».

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