La Intervención del Estado dice que hay riesgo de menoscabo de fondos públicos en los ERE

Ángel Turrión, jefe del equipo de peritos de la Intervención General de la Administración del Estado, ha asegurado este lunes que, teniendo en cuenta «el cúmulo de deficiencias» detectadas por la Intervención General de la Junta en las ayudas sociolaborales a trabajadores y a empresas en crisis de los expedientes de regulación de empresa (ERE) fraudulentos, «obviamente el menoscabo es posible. No digo que lo haya, pero existe riesgo de menoscabo de fondos públicos».

Así lo ha manifestado durante la sesión de este lunes del juicio que celebra la Audiencia Provincial de Sevilla contra 22 ex altos cargos de la Junta acusados de delitos de prevaricación y malversación por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas investigadas en el periodo 2001-2010.

El fiscal ha preguntado a Turrión si con el conocimiento de las «deficiencias» detectadas por la Intervención de la Junta podía entender que existía menoscabo de fondos públicos. «Sí, con el cúmulo de deficiencias que manifiesta la Intervención de la Junta, obviamente el menoscabo es posible. No digo que lo haya, pero existe riesgo de menoscabo de fondos públicos».

En este sentido, cabe recordar que la existencia de posible riesgo de menoscabo de fondos públicos es causa para la emisión de un informe de actuación por parte de la Intervención General de la Junta, aunque en el periodo investigado no se produjo.

De otro lado, Turrión ha asegurado que el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), «nunca pudo pagar» las ayudas concedidas por la Dirección General de Trabajo porque «legalmente» necesitaba ser calificada como entidad colaboradora en las bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones, que «no existieron».

A este respecto, el perito Juan Antonio Carrillo, propuesto por la defensa de la exviceconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, ha expresado que «la premisa mayor errónea», pues IFA/IDEA pagaba «legítimamente». El convenio marco firmado en 2011 entre la Consejería de Empleo e IFA «habilitaba» al ente público como «caja pagadora» de las ayudas concedidas por la Dirección General de Trabajo con cargo al programa presupuestario 31L, cuyos fondos allegaba a IFA/IDEA mediante transferencias de financiación.

El fiscal, más tarde, ha abierto un bloque de preguntas sobre la encomienda de gestión de abril de 2010 que venía a sustituir el convenio marco de 2001. Para Turrión, la instrucción 1/99 de la Dirección General de Presupuestos es el antecedente «más notable» de la encomienda y del «cambio del sistema irregular que había existido antes» y dice que los créditos destinados al pago de las ayudas mediante transferencias de financiación «en adelante» se ajustarán a la clasificación presupuestaria de subvenciones a empresas y a familias e instituciones sin fines de lucro.

En este sentido, Juan Zornoza, perito propuesto por la defensa del ex director general de Presupuestos Antonio Lozano y el expresidente de la Junta José Antonio Griñán, ha precisado que el cambio tiene la razón de ser en la Ley de Contratos del Sector Público que regula la encomienda a partir de 2008, pues anteriormente existían «dudas» y por eso se acudía a convenios, que en el fondo «implica lo mismo».

Turrión ha indicado que la encomienda de gestión debió ser aprobada por el Consejo de Gobierno de la Junta, pero «no consta que se produjera», precisando Carrillo a este respecto que esa falta de autorización es «motivo de nulidad o invalidez».

Para el jefe del equipo de peritos de la IGAE la operativa con la encomienda y con el convenio marco «fue exactamente la misma» y los expedientes de las subvenciones «siguieron sin fiscalización previa», cuestión que, según Zornoza, evidencia que «el foco en la gestión del crédito está en la Dirección General de Trabajo».

La Junta pagaba el doble

El fiscal, en otro bloque de preguntas, ha abordado las ayudas previas a la jubilación ordinaria concedidas en base a la Orden Ministerial de 1994 y que se pagaban con fondos estatales, en las que la empresa debía abonar el 60 por ciento del total de las ayudas mientras la administración el 40 por ciento. En el caso de las ayudas concedidas por la Junta e investigadas el porcentaje aportado por las empresas eran «mínimos».

Frente a los requisitos por la Orden del 94 (Tener 60 años como mínimo, la ayuda era el 75 por ciento de la base de cotización, garantía de financiación por la empresa, etc.), Turrión ha confirmado que de las 270 ayudas analizadas e investigadas «no» encontró requisitos, así como la Junta pagaba «el 90 por ciento del salario neto» del trabajador. Así, mientras el importe medio en las ayudas del Estado era 36.139 euros, en el caso de las ayudas de la Junta era de 66.401 euros.

Tras el receso, la Cuenta General de la Junta de Andalucía llevada al Parlamento para conocer el estado de la ejecución presupuestaria y fiscalizada por la Cámara de Cuentas, ha centrado las intervenciones de los peritos. En este debate, Turrión ha señalado que en la cuenta general «no saltaba a primera vista ninguna discordancia entre las cuentas de IFA/IDEA y Empleo sobre las transferencias».

Aunque la Cámara de Cuentas hizo un informe de fiscalización de las ayudas donde se recoge el uso «inadecuado» de las transferencias de financiación para el pago de las ayudas, así como la «alteración de la voluntad del legislador» en este sentido y el «conjunto de irregularidades en el procedimiento de concesión». Lo mismo hizo la Cámara de Cuentas con el uso de las transferencia en nueve entes públicos.

En este punto, Zornoza ha asegurado que «inadecuado e ilegal no es lo mismo», recordando que las sucesivas leyes de Presupuestos de la Junta recogían que las transferencias de financiación eran para el pago de las ayudas concedidas por la Dirección General de Trabajo.

Turrión ha respondido a Zornoza haciendo uso de un auto del Tribunal Supremo en la causa especial de los ERE contra José Antonio Griñán, donde dice que «no resulta creíble que no se hubiesen dado cuentas a los altos cargos de la Consejería de Hacienda de los problemas de presupuestación, máximo cuando los informes de la intervención alerta de irregularidades, en realidad ilegalidades».

El último asunto que se ha abordado en la sesión de este lunes ha sido el conocimiento que se puede extraer de la Cuenta General y de los Presupuestos y los documentos anexos a éste en relación al programa presupuestario 31L. Turrión ha asegurado que si la Cámara de Cuentas y el Parlamento hubiese tenido «información precisa» de que Empleo concedía ayudas e IFA/IDEA pagaba «hubiera podido llegar a la conclusión de que el uso de las transferencias de financiación era inadecuado».

Pero «se manejaba información ambigua, críptica, inconexa y con frases sin verbos, expresiones de indeterminación y términos genéricos, que no aclara en absoluto que la Consejería concedía y el IFA pagaba».