La familia tendría que dar su permiso

El Gobierno tendrá que sortear tres normas vigentes para desenterrar a Franco

Exhumación Franco
Tumba de Francisco Franco en la Basílica del Valle de los Caídos.

La exhumación de Franco podría convertirse en un laberinto legal de difícil solución. El Gobierno tiene en teoría vía libre para exhumar a Franco. La aprobación en el Congreso del Decreto Ley le da competencias para ello pero la legislación vigente puede provocar un choque jurisdiccional en varios frentes. 

Competencia de la Comunidad

El primero está en la Comunidad de Madrid que tiene transferidas desde 1984 las competencias en materia de policía sanitaria mortuoria. Cualquier exhumación que se lleve a cabo en la región necesita de la intervención de técnicos autonómicos. Además el Reglamento de 1997 que regula la apertura de tumbas y el traslado de los restos señala que las exhumaciones tienen que hacerse con la autorización de los familiares del difunto. Con estos textos, y si se aplicase el principio de igualdad ante la ley, la última palabra la tendría la familia Franco. El Decreto aprobado se limita a contar con los allegados para decidir el destino final del cuerpo del General pero no prescinde de su permiso.

Permiso de la familia

Aparte de tener que saltarse la competencia autonómica y el permiso familiar hay un tercer aspecto que complicaría en caso de litigio la operación Franco del gobierno socialista. La sepultura está en una basílica, es decir en suelo que pertenece a la iglesia católica. Los acuerdos jurídicos de 1979 entre la Iglesia y el Estado reconoce expresamente que los lugares de cultos tienen garantizada «la inviolabilidad» con arreglo a la ley. Es decir que la iglesia tendría que dar su aprobación para abrir el nicho en el que Franco fue enterrado en 1976.

Toda esta serie de frenos lo son, en principio, en teoría. El gobierno de Pedro Sánchez cree haber resuelto el entuerto de competencias con el Decreto aprobado. La familia Franco, de momento, no ha recurrido a los tribunales, sí lo ha hecho ante el defensor del pueblo al que pide amparo. El arzobispado no se plantea ningún recurso legal y la Comunidad de Madrid tampoco ha reclamado sus competencias .

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