Un perito dice que los fines de las ayudas del caso ERE eran «pintorescos»

El interventor estatal (IGAE) Ángel Turrión ha calificado de «pintorescos» los objetivos de muchas de las ayudas del Caso ERE, a lo que el perito citado por la defensa Juan Ramallo le ha replicado que para ellas «debió haber la autorización y el consentimiento por parte de la Intervención de la Junta».

El juicio contra 22 ex altos cargos del Gobierno andaluz ha celebrado hoy su sesión número 100 continuando con la prueba pericial conjunta en la que los expertos de la IGAE, cuyos informes son la prueba clave para la Fiscalía y las acusaciones, y los de las defensas de varios acusados han continuado contraponiendo sus argumentos sobre la legalidad del sistema para dar las ayudas.

Turrión ha insistido en que de las 270 ayudas del Caso ERE concedidas entre 2001 y 2010 por la Dirección General de Trabajo, sólo un 30 % eran para trabajadores afectados por crisis empresariales mientras que «190 son ayudas que tienen un objeto dispar cuando no pintoresco».

Fines tales como fiestas o ferias de muestras de ayuntamientos, un curso a personal directivo de la Junta, un máster de la Universidad de Sevilla (entre cuyos alumnos figura el diputado socialista Carmelo Gómez que ha declarado que nunca lo cursó), pagar nóminas atrasadas o subidas salariales para evitar una huelga, servicios de consultoría y minutas de despachos.

«Sin olvidar que en numerosas ocasiones no tienen objeto definido, digamos que se concedieron porque sí», ha dicho Turrión.

La réplica se la ha dado el catedrático Juan Ramallo (perito de la defensa de la exconsejera de Hacienda Magdalena Álvarez), quien le ha recordado que para dar todas esas subvenciones «estuvo o debería haber estado la Intervención de la Junta» para su «autorización y el consentimiento».

El ex interventor general Manuel Gómez es uno de los acusados, y tras él se parapetan varios ex altos cargos para defender que no puso reparos que les obligaran a paralizar las ayudas.

El catedrático Juan Zornoza (propuesto por la defensa del expresidente José Antonio Griñán) ha afeado a la IGAE sus «generalizaciones» que generan «confusión» a partir de ejemplos específicos ya que «habrá casos para todos los gustos» y «creía que los casos concretos se verían en otros foros» (hay piezas separadas para cada ayuda dada).

Los peritos han debatido si los 850 millones repartidos eran subvenciones -que por tanto debían someterse a la ley que exige su fiscalización previa, como sostiene la IGAE y las acusaciones- o ayudas excepcionales, aunque se dieran 270 durante diez años.

Para Zornoza «el hecho de que una medida se reitere no determina que pueda ser excepcional» y estas ayudas lo eran por su «destino» para «situaciones de crisis» que surjan.

El profesor Juan Antonio Carrillo ha añadido que «le guste o no le gusta» desde la Ley de Subvenciones de 2003 se considera como tal aquellas «con carga modal» donde cabe el reintegro si no se cumple su fin, algo que no cabe «en ayudas a un trabajador para prejubilarse».

José Ignacio López, perito del exconsejero de Empleo Antonio Fernández, ha mantenido como en su informe que tras crearse en 2004 la Consejería de Innovación, Empleo no dio nuevas ayudas a empresas sino que sólo materializó compromisos adquiridos previamente.

Sin embargo, al exhibirle el fiscal resoluciones de concesiones de ayudas a empresas posteriores ha admitido que «los hechos son los hechos y si hay que rectificar, rectifico».

El profesor Carrillo, citado por la defensa de la exconsejera Carmen Martínez Aguayo, ha respondido al fiscal que aunque se dieran ayudas a empresas no vinculadas a ERE la «ecuación jurídica de que irregularidad administrativa es igual a invalidez, que es igual a nulidad que es igual a arbitrariedad es falsa».

Carrillo en un momento del interrogatorio ha instado al fiscal «a preguntar diciendo toda la verdad de lo que indican nuestros informes», lo que ha llevado al juez a llamarle la atención para que se dirija «con respeto» al representante del Ministerio Público, y Carrillo se ha disculpado.

También la Fiscalía ha alertado a los peritos de la defensa de que su labor «no es suplir» la de los abogados de las defensas «en relación a la documentación que les hayan aportado» para hacer sus informes, ante sus respuestas sobre que no analizaron expedientes de ayudas sino que se centraron en rebatir los argumentos de la IGAE.

La sesión ha concluido volviendo al tema ya abordado la semana pasada sobre si las transferencias de financiación de una consejería a una empresa pública sólo pueden usarse para cubrir sus pérdidas, como sostiene Turrión que indican «43 leyes», y no para pagar ayudas como en este caso porque así lo indican los Presupuestos, como defienden Zornoza y Carrillo, que señalan que son «normas específicas que derogan normas generales y de rango inferior».