Delgado solicita comparecer en la Comisión de Justicia del Congreso para explicar el caso Llarena

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha solicitado comparecer ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para explicar las gestiones realizadas por el Ministerio para «defender ante un tribunal de instancia belga la soberanía e inmunidad jurisdiccional de los tribunales españoles, tal y como solicitó el Consejo General del Poder Judicial». Es decir, explicar sus gestiones en la defensa del magistrado Pablo Llarena.

En las últimas horas, el Gobierno daba por zanjada la polémica por su cambio de discurso en torno a la defensa del juez del Tribunal supremo, ante la demanda civil que el fugado expresident catalán, Carles Puigdemont, ha presentado contra él en Bélgica y mantiene una “absoluta confianza” en la ministra de Justicia, Dolores Delgado.

La intención del PP de reprobar a la ministra en el Senado —donde los ‘populares’ gozan de mayoría absoluta— no es más que una estrategia de “papel mojado” para el Ejecutivo de Pedro Sánchez, dado que esa iniciativa se limita a manifestar una denuncia política de Delgado, sin más consecuencias.

Sobre este asunto, el Gobierno anunciaba el domingo que había atendido todas las indicaciones del CGPJ “hasta este momento” en relación a la demanda contra el juez del Tribunal Supremo para defender los intereses del país, y que atenderá las peticiones “de salvaguarda de la soberanía jurisdiccional española” que en el futuro pueda realizar el Poder Judicial.

Previamente, el jueves el Ministerio de Justicia había descartado la defensa de Llarena asegurando que ante las “expresiones o manifestaciones privadas realizadas por el juez Llarena”, el Gobierno no podía “actuar, puesto que supondría defender a un particular por afirmaciones de carácter privado ajeno a su función”.

Por otro lado, la alteración de las palabras del magistrado Llarena en la demanda presentada por Puigdemont en Bélgica por su supuesta falta de imparcialidad en la causa contra el independentismo catalán complica su admisión a trámite.

El expresidente catalán fugado junto a otros 4 exconsellers presentaron ante el tribunal belga dicha demanda por la presunta “falta de imparcialidad y la vulneración de los derechos de los investigados por parte del magistrado”.

La defensa de Puigdemont sustentaba parte de la demanda en unas declaraciones realizadas por el magistrado en las que descartaba que los investigados en la causa sobre el ‘procés’ lo estén siendo por “motivos políticos” y aseguraba que trataba de determinar si han cometido delitos recogidos en el Código Penal.

Llarena afirmaba textualmente: “No es el caso que estamos llevando ahora en el Tribunal Supremo, se trata de comportamientos que aparecen recogidos en nuestro Código Penal y que, con independencia de cual haya podido ser la motivación que les haya llevado a las personas a cometerlos, si es que esto ha sido así, pues tienen que ser investigados”.

Sin embargo, en dicha frase traducida al francés para presentarla ante el tribunal belga, se cambiaba el argumento condicional del instructor, por una afirmación categórica, para cuestionar su imparcialidad: “Con independencia de cual haya sido la motivación que les haya llevado a cometerlos, como en efecto sucedió, tienen que ser investigados“.