El CGPJ estudiará este jueves el amparo solicitado por Pablo Llarena ante su citación judicial en Bélgica

caso Oltra
El juez Pablo Llarena. Foto: Europa Press

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que se reunirá a las 16.00 horas de este jueves, incluye en su orden del día una petición de amparo realizada a este órgano por el instructor en el Tribunal Supremo de la causa del ‘procés’ independentista en Cataluña, Pablo Llarena, frente a la citación para el próximo 4 de septiembre que le ha realizado un juez belga, han señalado a Europa Press fuentes del órgano de gobierno de los jueces.

La petición de amparo, en la que reclama medidas que restauren su independencia judicial, la realiza Llarena en relación con una demanda civil presentada el pasado mes de junio en dicho país por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y cuatro de sus ex consjeros, que acusaron al juez español ante la justicia belga de falta de imparcialidad y de vulnerar su presunción de inocencia.

Llarena, que pese a haber sufrido ataques en su lugar de residencia en Cataluña por parte de independentistas hasta el momento no se había dirigido al CGPJ en demanda de ningún amparo, sí lo hace frente a la citación del juez belga. Los vocales de la Permanente responderán previsiblemente esta tarde a su petición.

El amparo se demanda además pese a que a finales del pasado mes de junio el juez decano de Madrid,es Antonio Viejo, rechazó tramitar la petición argumentando que se fundamenta en un Reglamento del Consejo de la Unión Europea que exceptúa la obligación de tramitar este tipo de notificaciones entre países miembros cuando «afectan a la responsabilidad del Estado en el ejercicio de su autoridad», como es el caso.

El expresident y los exconsejeros huidos a Bélgica -Toni Comín, Meritxell Serret y Lluis Puig y a Escocia -Clara Ponsatí– interpusieron a principios de este mes na demanda civil conjunta ante la justicia belga contra Llarena por una supuesta «falta de imparcialidad» y por vulnerar su presunción de inocencia. Basándose en esta demanda, los investigados por presunta rebelión en el proceso independentista recusaron al magistrado ante el Tribunal Supremo.

La respuesta del juez decano de Madrid -al que le correspondía este trámite por figurar la sede del Tribunal Supremo en la capital como domicilio al que localizar a Llarena- consistió en decirle al juez belga que no procede citar a Llarena en cumplimiento del articulo 1 del Reglamento 1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo.

Este artículo establece las excepciones de cumplimiento cuando un documento judicial o extrajudicial en los ámbitos civil o mercantil deba transmitirse de un Estado miembro a otro. «No se aplicará, en particular, a los asuntos fiscales, aduaneros o administrativos, o a la responsabilidad del Estado por acciones u omisiones en el ejercicio de su autoridad», señala la norma, siendo de aplicación a este caso la última de las salvedades señaladas.

Puigdemont y el resto de investigados se han basado en ella para pedir al Supremo que aparte de la causa a Llarena «ya que el hecho de tener «una causa pendiente» con «una de las partes» es «motivo suficiente» para considerar su falta de imparcialidad, según explicó en su día Comín.

En su demanda, los procesados por Llarena reclaman que se obligue éste a pagar na «multa simbólica» de un euro «para reparar el daño causado», según explicó el pasado 5 de junio uno de los abogados belgas de los exconsejeros, Christophe Marchant.

«El juez no se ha limitado a escribir una serie de posicionamientos que consideramos que ponen de manifiesto que estamos perseguidos por nuestras ideas políticas», dijo en dicha ocasión Comín, «sino que también lo ha hecho fuera de los tribunales», en referencia a unas declaraciones que Llarena hizo a la prensa tras una conferencia en Oviedo el pasado febrero.

Asociaciones de jueces ven poco margen para el CGPJ

Las asociaciones de jueces coinciden en calificar de limitada la respuesta que puede dar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ante la petición de amparo realizada a este órgano por Pablo Llarena, frente a la citación para el próximo 4 de septiembre que le ha realizado un juez belga.

Además de la consabida declaración institucional, apuntan la posibilidad de obtener este apoyo en la Red Europea de Consejos de Justicia -que aglutina a órganos similares en otros países de la Unión- o que pueda pedir al Gobierno que la Abogacía del Estado asuma la defensa del magistrado.

El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Celso Rodríguez, reconoce en declaraciones a Europa Press que el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que regula las concesiones de amparo, establece un procedimiento «difuso» sobre medidas indeterminadas a adoptar y que, de hecho, hasta el momento nunca se ha llevado a cabo un procedimiento añadido a la expresión del amparo por la Comisión Permanente y la difusión de dicho acuerdo.

«No se ha hecho nada más porque no se otorga al Consejo una capacidad coercitiva», reconoce Rodríguez, para añadir que por otra parte no existen antecedentes de un amparo solicitado frente a una demanda ante la jurisdicción de otro país.

«Veo difícil de que el CGPJ pueda poner en marcha un instrumento que paralizase la actuación -ha añadido el portavoz de la APM- No se me ocurre otra cosa que dirigirse al tribunal belga para comunicar la posición del CGPJ considerando que la demanda puede considerarse una injerencia en el poder judicial español».

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