La ministra de Justicia plantea «mejorar» la ley de protección de testigos para casos sobre yihadismo

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, se ha planteado como objetivo mejorar la ley de protección de testigos porque con la actual, de 1994, no se puede garantizar «en plenitud» la integridad y la seguridad de esas personas y su colaboración con la justicia «es casi una heroicidad».

«Como Estado tenemos que garantizar que esta gente que va al juicio oral no va a sufrir ninguna represalia, no va a tener tampoco miedo al declarar. Y el miedo se palpa, se palpa cuando tiene que acudir a una sala de vistas», afirma Delgado en una entrevista con Efe, recordando su experiencia de años como fiscal coordinadora antiyihadista.

En ese puesto constató la necesidad de mejorar la ley, «que se ha demostrado ineficiente para determinados fenómenos delictivos de criminalidad organizada». Y ahora al frente del Ministerio de Justicia va a impulsar su reforma.

La normativa vigente, explica, fue pensada para delitos como el tráfico de drogas, ante los que un testigo ofrecía una información de un posible alijo, las fuerzas de seguridad actuaban y el informante no tenía ni que comparecer en el juicio, porque eran suficientes las pruebas reunidas por la policía en la incautación.

La situación cambia ante fenómenos como el yihadismo, donde las declaraciones de los testigos capaces de describir el proceso de radicalización de personas sospechosas pueden ser pieza clave en la investigación judicial, lo que obliga a que comparezcan en el juicio oral.

Delgado pone como ejemplo la Operación Caronte, que acabó con la condena a penas de 12 y 8 años de prisión a diez yihadistas de una célula de Terrasa (Barcelona) que planeaba atentar en lugares emblemáticos de Barcelona, como el Parlament, y secuestrar y decapitar a un «infiel».

Fueron personas próximas quienes contaron que «algo no encajaba», cómo los jóvenes se fueron radicalizando en torno a la mezquita de Terrassa, que se reunían con actitudes más o menos extrañas o cómo fueron cambiando físicamente. Y en gran medida gracias a ellos -y al «increíble» trabajo de un agente encubierto de los Mossos- se desarticuló el grupo y se evitó un atentado.

Al avanzar la investigación a esas personas se les dio la condición de testigos protegidos, pero acudir al juicio oral con la protección que ofrece la ley de 1994, destaca la ministra, «es casi una heroicidad».

«En Ripoll no hubo esa colaboración», recuerda Delgado al hacer referencia a la célula autora de los atentados de Barcelona y Cambrils (Tarragona), de los que se cumplen un año.

La ahora titular de Justicia insiste por ello en que es «fundamental» favorecer la confianza y transmitir seguridad a aquellas personas que pueden aportar información sobre procesos de radicalización de gente que está próxima a ellos, convirtiéndose en fuente de información y, en muchos casos, de prueba. «Es vital para nuestra propia seguridad», advierte.