El PSOE desoye a la ONU para sacar a Franco: le pidió expresamente “consenso de todas las fuerzas políticas”

El PSOE desoye a Naciones Unidas para trasladar los restos mortales de Franco del Valle de los Caídos: la organización supranacional pidió expresamente un “amplio consenso de todas las fuerzas políticas”.

El PSOE construyó su nueva Proposición de Ley de Memoria Histórica en base a varios informes procedentes de Naciones Unidas. Uno de ellos fue el Informe de 22 de julio de 2014 de Pablo de Greiff, Relator Especial de las Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Otro fue el del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas o Involuntarias del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, elaborado en su misión a España de 2 de julio de 2014.

Pues bien, Naciones Unidas destacó expresamente el asunto del Valle de los Caídos añadiendo una condición: que todo lo que se planteara se hiciera con un “amplio consenso de todas las fuerzas políticas”. La exigencia fue tal que el propio PSOE recogió el mensaje en la exposición de motivos de su Proposición de Ley, tal y como hoy refleja OKDIARIO. Y es que, tras utilizar a la ONU como parapeto de sus exigencias, hubiese resultado un tanto exagerado haber ocultado sin el más mínimo escrúpulo su exigencia de consenso político para un asunto tan mediático como el traslado de los restos del dictador Franco.

Pero, pese a haberlo plasmado en su propia petición de reforma de la ley, el PSOE hoy hace oídos sordos de esta condición y prefiere seguir adelante por la vía de decreto de lo que sabe que no cuenta con el más mínimo consenso político.

Quien se lo pidió no fue un peligroso fascista de los que suele ver la extrema izquierda detrás de cada esquina. No: fueron los mismos organismos de Naciones Unidas que saludaron “positivamente el significado y avance que ha supuesto la Ley 52/2007”, y los mismos que afirmaron en 2014 que debía seguirse adelante con la Ley de Memoria Histórica porque “la Guerra Civil Española y los cuarenta años de dictadura que le siguieron dejaron un saldo colosal de víctimas de violaciones graves de los derechos humanos y del derecho humanitario”. El propio PSOE señaló en su documentación de la proposición de ley que “las graves y masivas violaciones a los derechos humanos durante este periodo de la historia española han sido también señalados por el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas o Involuntarias del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el informe de su misión a España de 2 de julio de 2014 en el que se destaca la inexistencia hasta la fecha de una cifra oficial del número de personas desaparecidas”.

Pero, pese a eso, cuando ese mismo grupo de trabajo le pidió cautela en los cambios y consenso político de todos los partidos, el PSOE decidió olvidarse de Naciones Unidas y hacer las cosas a su estilo.

Los socialistas se apoyaron en las recomendaciones de la ONU para lo que quisieron: para recomendar “que las asociaciones de víctimas faciliten la recolección de muestras de los familiares para un Banco Nacional de ADN de específica creación”; para pedir la remoción de los “obstáculos presentes en el acceso a la información y a los archivos, que constituyen un verdadero problema para las víctimas en el proceso de obtención de la verdad”; o para solicitar “la promulgación de una ley de acceso a la información y de un marco legislativo apropiado sobre archivos para garantizar el acceso público a los mismos”.

Pero no cuando los mismos expertos internacionales señalaron expresamente que “el Grupo de Trabajo entiende en el informe de su visita que la actuación sobre el Valle de los Caídos requiere de un amplio consenso de todas las fuerzas políticas”.

En ese momento, por lo visto, fue cuando el PSOE decidió que era mejor ir por libre y seguir adelante vía decreto. Sin contar con nadie más que sus socios de extrema izquierda y separatistas con los que sacó adelante la moción de censura contra el Gobierno del PP.