Podemos contra el empleo estable: exige despedir personal cada seis años

Podemos, en su federación andaluza, defiende una medida insólita de acuerdo al discurso del partido en materia de empleo. La formación-liderada en esta comunidad por Teresa Rodríguez-establece un límite temporal, seis años, en los contratos de su personal.

Así figura en el documento político y organizativo de ‘Por una marea andaluza’, el proyecto de Rodríguez con el que marca su autonomía de la dirección podemita. 

En concreto, su artículo 55-sobre ‘personal contratado’-insta a «establecer mecanismos para evitar la burocratización de la organización», y entre ellos, se destaca, que «el personal contratado por Podemos Andalucía podrá serlo por un máximo de seis años y hasta dos de prórroga». Esa ampliación, no obstante, solo se aplicaría en situaciones muy concretas: «si coincide para terminar una legislatura, para preparar el relevo de otros/otras compañeras o situaciones estrictamente excepcionales». «Dicho límite se ajustará en todo momento a la legalidad laboral vigente», se añade.

Además, la formación exige que la contratación de personal «se realizará bajo criterios de necesidad y con suficiente justificación y motivación, evitando la contratación de personal innecesario».

El Portal de Transparencia de Podemos no recoge los datos sobre el personal contratado en Andalucía, como sí ocurre con otras organizaciones regionales.

Según los datos ofrecidos se constata, por ejemplo, que el partido aumentó en tres años su gasto en contratados en un 212%, destinando, en 2017, un total de 7.482.187,41 euros. 

Trabajadores precarios en Podemos

No obstante, se revela también que casi un tercio de los trabajadores tiene contratos precarios, a tiempo parcial, de forma que en la gran mayoría de los casos no llegan a los 1.000 euros al mes. 

La situación se agrava especialmente en las federaciones territoriales, donde abundan los contratos reducidos y las nóminas más bajas. En Galicia, por ejemplo, de diez empleados, ocho ganan 1.032 euros brutos mensuales-unos 890 euros-y solo dos están contratados a tiempo completo.

Aunque hay casos también destacados, como una jornada a tiempo completo por 803 euros brutos-apoyo en gestión y acciones en redes sociales-o los 744 que gana el asistente ejecutivo de la Secretaría de Coordinación del Consejo Ciudadano Estatal.

En el partido existen también puestos al 25% de jornada, por apenas 400 euros mensuales.

Esa realidad choca con el discurso que siempre ha mantenido el partido, que ha hecho de la precariedad del empleo uno de sus frentes programáticos.

A finales de junio, sin ir más lejos, el partido registró una Proposición de Ley contra la precariedad laboral y por la estabilidad en el empleo, en la que, entre otras medidas, se propone una eliminación casi total a las causas de la contratación temporal.

Entre las excepciones, están «razones de carácter productivo y organizativo», como el «incremento ocasional e imprevisible de la actividad empresarial que no pueda ser atendido con la plantilla habitual de la empresa» o «la sustitución de un trabajador o trabajadora con derecho a reserva de puesto de trabajo». El límite, en el primer caso, será de seis meses.

La formación incluye además una ‘cláusula anticoncatenación’ para evitar que una empresa encadene contratos temporales a sus trabajadores y regula el contrato a tiempo parcial «para evitar el descontrol de horarios o el abuso de horas extra trabajadas», fomentando el poder de la inspección de trabajo en estas situaciones.