El Supremo pacta tener la sentencia del 1-O antes de las municipales para evitar artimañas de los políticos

El Tribunal Supremo ha pactado con la Fiscalía tener lista la sentencia del 1-O antes de la celebración de las elecciones municipales y autonómicas, previstas para mayo de 2019. Pretenden neutralizar así las presiones y las artimañas políticas. Y no están dispuestos a permitir que triunfe el plan preconcebido por Puigdemont, Junqueras y compañía de dilatar todos los plazos posibles para renegociar cuestiones judiciales en plenas fechas de las elecciones municipales y autonómicas.

Por ello, hay coincidencia en las instituciones citadas de que se debe evitar una dilación sin justificación y lograr tener una sentencia encima de la mesa entre enero y febrero de 2019, evitando entrar en la recta final de las elecciones territoriales.

Está previsto que durante agosto, a más tardar en septiembre, se presenten los escritos de acusación. En octubre tratarán de cerrar todos los flecos. Y se prevé que en noviembre, diciembre y, a lo sumo, el inicio de enero se celebre el juicio oral.

Con todo ello, la sentencia debería estar emitida y los culpables condenados a finales de enero o principios de febrero, lo que dejaría un margen de dos meses antes de la celebración de los comicios.

La decisión, además, no pasa por aceptar ni media presión separatista, ni en el sentido de permitir cambios de fiscales, ni de aceptar la pretendida expulsión del juicio de la acusación popular que representa Vox, tal y como ha reclamado Alonso Cuevillas, el abogado de Carles Puigdemont.

Se trata de la respuesta unánime y cerrada frente a los planes de los separatistas desvelados por OKDIARIO. Y es que los golpistas están intentando atrasar el juicio del 1-O con 10 recursos por día para negociar en plenas elecciones municipales con Pedro Sánchez. La estrategia es más política que judicial. Y está muy clara: conseguir atrasar el juicio oral por el golpe separatista hasta hacerlo coincidir en pleno proceso electoral, que se celebrará en primavera de 2019 y del que saldrá el signo político de todos los grandes ayuntamientos españoles y de buena parte de las CCAA.

Se tratará, además, del primer reto electoral de Pedro Sánchez, que, aunque ha llegado al poder, no lo ha hecho avalado por las urnas, algo que le resta fuerza externa e interna. Y ese es el momento que buscan los golpistas para forzar una negociación dura: una en la que pedirán avances claros en dirección a una consulta separatista consentida si Sánchez no quiere ver su primer reto electoral como presidente salpicado por la agitación separatista, el descontrol y la negativa a cualquier tipo de alianza municipal en Cataluña.

Alargar los plazos

La acusación popular de Vox ha denunciado ya esta práctica descarada de pretender dilatar el proceso con todo tipo de recursos sin sentido por parte de las defensas de los golpistas. Recursos pensados exclusivamente para alargar los plazos y conseguir poner piedras en el camino del futuro juicio, de forma que los plazos de la sentencia lleguen a la cercanía de las elecciones municipales.

La práctica del retraso intencionado ha llegado al absurdo de estar registrando hasta diez recursos por día por parte de las defensas de los acusados del 1-O.

Y esa práctica, además, se está combinando con mensajes descarados de presión para intentar sacar a Vox de la acusación popular en el juicio. Y es que el objetivo de los separatistas no es otro que dejar al Gobierno y la Fiscalía solos en el tramo final para lograr que la presión social en las calles catalanas –y a través de Podemos en el Congreso y ayuntamientos– engrase la receptividad de Pedro Sánchez y éste, a su vez, incremente la presión sobre la Fiscalía de cara a dulcificar la petición final de penas.

Por eso en los últimos días los equipos jurídicos de Carles Puigdemont han presionado contra Vox: para favorecer un clima de presión sobre la Fiscalía -que mantiene la acusación pública- justo en un momento en el que Pedro Sánchez volverá a necesitar de pactos con los golpistas.