Sánchez y Urkullu darán 3.500 € para «asistencia psicológica» a denunciantes de falsas torturas

El Gobierno de Pedro Sánchez, con tal de contentar a sus socios del PNV, está dispuesto a retirar el recurso de inconstitucionalidad que presentó en mayo del año pasado el Ejecutivo de Mariano Rajoy contra la Ley del País Vasco 12/2016, de 28 de julio, de «reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política en esta comunidad autónoma entre 1978 y 1999».

Un norma bautizada por el Gobierno de Íñigo Urkullu como «ley de víctimas de abusos policiales» que recoge ayudas para «asistencia psicológica» de 3.500 euros por persona en su articulado. En concreto, la normativa dice que esta asistencia psicológica «se prestará a través de los medios públicos adscritos al sistema sanitario de Euskadi, y excepcionalmente, cuando esté objetivamente justificado, se admitirá la asistencia psicológica impartida por profesional privado, asumiendo su coste el departamento competente en materia de derechos humanos del Gobierno vasco». Además, indica que «en caso de que el diagnóstico médico lo prescriba, podrá ampliarse la ayuda concedida por igual cuantía».

El Gobierno de Rajoy señaló en su recurso ante el TC que la Comisión de Valoración que plantea la Ley 12/2016 del País Vasco, una mesa de carácter administrativo y encargada de definir qué personas pueden considerarse víctimas, no está facultada para determinar si hay casos de violencia policial, porque ello es una tarea que compete exclusivamente a la Justicia.

Víctimas, policías y guardias civiles piden a Marlaska que «no sea cómplice de un ataque al Estado de Derecho»

Ante los planes de Sánchez y Urkullu, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), junto a sindicatos y asociaciones policiales, pidió este miércoles al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que «no sea cómplice de un ataque al Estado de Derecho retirando el recurso de inconstitucionalidad contra la ley vasca de abusos policiales».

En un comunicado, el colectivo de víctimas, el Sindicato Unificado de Policía (SUP), la Unión Federal de Policía (UFP), la Confederación española de policía (CEP), el Sindicato Profesional de Policía (SPP), la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y la Asociación Independiente de la Guardia Civil (ASIGC) advirtieron de «la gravedad» que supondría «la retirada» del recurso planteado hace un año por el Gobierno del PP.

A su juicio, ello implicaría «dejar en manos del Gobierno vasco una cuestión jurídica que corresponde al Tribunal Constitucional». Así mismo, mostraron su preocupación por el hecho de que el Ejecutivo de Urkullu haya puesto ya en marcha esa Comisión de Valoración de supuestos abusos policiales «sin que se haya retirado todavía el recurso de inconstitucionalidad de esta ley». El TC sólo suspendió cautelarmente algunos artículos a la espera de pronunciarse sobre el recurso del PP.

En este contexto, los firmantes del comunicado denunciaron que la intención del Gobierno vasco es «constituir un tribunal administrativo fuera de la ley para dar un reconocimiento oficial a supuestas víctimas de abusos policiales». Además, subrayaron que con esta norma el Ejecutivo de Urkullu tendría «el empaque legal» necesario para «perpetuar una falsa teoría de un conflicto entre dos partes en torno a lo que ha sucedido en el País Vasco en los últimos 50 años». Es decir, permitiría a los nacionalistas seguir avanzando en el relato de blanquear la historia criminal de la organización terrorista ETA.

Sólo 31 agredidos 

Al mismo tiempo, las víctimas de la barbarie etarra y los sindicatos y asociaciones policiales recordaron que la metodología del Gobierno vasco para «dilucidar» quién es víctima de abuso policial y quién no quedó totalmente «desacreditada» cuando la Secretaría de Paz y Convivencia del Gobierno vasco publicó un informe que no está basado en hechos probados y contrastados.

Ese informe, elaborado por el Instituto Vasco de Criminología, cifra en 4.113 los supuestos casos de tortura ejercidos desde 1960 hasta 2014. Sin embargo, de todos ellos sólo se han documentado 20 sentencias firmes con 31 agredidos y 49 condenados.

«Los 4.113 casos analizados en el informe eran de denuncias de torturas, y de todas estas denuncias, sólo 202 habían sido investigadas. El informe se basa en denuncias y en declaraciones de los supuestamente torturados, y en muchos casos incluso se acudió a la hemeroteca sin tener siquiera la declaración de los propios interesados», señaló Covite en el comunicado.

Para la asociación de víctimas y el resto de firmantes, es «muy grave» que se quiera «dar por acreditada la perpetración de un delito tan grave como la tortura por parte de funcionarios policiales al margen de una investigación rigurosa, contrastada e imparcial es muy grave», máxime cuando la banda terrorista ETA obligaba a todos sus integrantes a denunciar torturas de forma sistemática cada vez que eran detenidos.