El Gobierno adoctrinará a los funcionarios implicados en la atención a las víctimas del franquismo

El plan de memoria histórica del Gobierno socialista prevé un intenso esfuerzo de formación de los funcionarios públicos, a los que adoctrinará en su visión de la Guerra Civil y el franquismo. 

En concreto, la iniciativa figura en una Proposición de Ley, por la que se reforma la misma Ley de Memoria Histórica de José Luis Rodríguez Zapatero.

En concreto, en un nuevo artículo, se establece que «el Estado adoptará las medidas conducentes al diseño de una estrategia y pedadogía en materia de Derechos Humanos, Derecho Internacional y el período histórico correspondiente a la Guerra Civil Española y la dictadura franquista, destinada a funcionarios públicos y miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, personal sanitario, abogados, procuradores y otros profesionales que, en el desempeño de sus funciones, se relacionen con víctimas».

Los funcionarios serán formados en una visión de la Historia española establecida por la llamada ‘Comisión de la Verdad’

De acuerdo a este redactado, el programa de formación implicará prácticamente a la totalidad de los funcionarios, lo que supone un esfuerzo ingente de recursos que no concreta.

‘Comisión de la Verdad’

La formación tendrá una fuerte carga ideológica, ya que sus contenidos vendrán determinados por la ‘Comisión de la Verdad’, el órgano en el que los socialistas delegan el objetivo de «conocer la verdad de lo ocurrido» en este periodo histórico para la «construcción colectiva de la memoria democrática española».

Se trata de un órgano temporal que tiene como finalidad la elaboración de un informe «incluyente y global» que «contribuya al esclarecimiento de la verdad, la reparación integral de las víctimas y las garantías de no repetición sobre los crímenes de lesa humanidad y de guerra» cometidos entonces «a través de la promoción del conocimiento y la reflexión sobre nuestro pasado».

El informe será aprobado en el Congreso de los Diputados -el Gobierno lo podría sacar adelante contando con los mismos apoyos que en la moción de censura- y tendrá un «carácter vinculante» para todos los poderes públicos.

El órgano está integrado por  juristas, historiadores, profesores o psicólogos- a propuesta del Congreso y Senado, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía y asociaciones de víctimas- que tendrán acceso a la totalidad de los documentos históricos, incluidos aquellos clasificados o considerados secretos.

Evitar la «revictimación»

El Gobierno añade además que se elaborará un protocolo de atención a víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, dirigido a los funcionarios públicos, y que será de obligado cumplimiento. Su finalidad, se explica, es «evitar la revictimización y prevenir la repetición de los hechos victimizantes».

El plan reserva un apartado especial para los funcionarios de la enseñanza, que estarán además obligados a participar en planes de formación dirigidos a «la actualización científica, didáctica y pedagógica en relación con el tratamiento escolar de la memoria democrática». La intención es, además, incluir estos contenidos en todos los niveles de la enseñanza obligatoria y en los estudios universitarios o, como informó OKDIARIO, «incentivar» la elaboración de material didáctico sobre la «represión franquista».