La Fiscalía concluirá la investigación de la compra de Inassa y Emissao del caso Lezo en septiembre

La Fiscalía Anticorrupción concluirá en septiembre la investigación de la pieza principal del caso Lezo sobre la compra de la sociedad brasileña Emissao y la compañía colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II.

Según las fuentes consultadas por OKDIARIO, el Ministerio Público pedirá la incoación de procedimiento abreviado de esta pieza del caso Lezo y estará en disposición de solicitar la conclusión de las diligencias de instrucción. Después, Anticorrupción presentará el correspondiente escrito de acusación y el magistrado instructor deberá acordar los procesamientos.

El principal investigado de la causa es el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. El exdirigente del PP es investigado por presuntos delitos de cohecho, prevaricación, fraude, malversación, corrupción en los negocios, negociaciones prohibidas a funcionarios, organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y delito contra la Hacienda Pública.

En la pieza principal de Lezo, cuya investigación ultima la Fiscalía, se analiza la adquisición de la filial brasileña del Canal de Isabel II, Emissao, en el año 2013 por 21 millones de euros. No obstante, apenas un año y medio después, su valor apenas superaba los 5 millones.

El exgerente de Inassa, Diego García Arias, declaró que la comisión a repartir por la compra de la filial brasileña fue de 5,4 millones de dólares: “900.000 para Luis Vicente Moro, Edmundo Rodríguez Sobrino (expresidente de Inassa), Diego García Arias y Ramón Navarro Pereira (exgerente de Triple A) y 1,8 millones para Ignacio González”. El reparto de comisiones por la compra de Emissao ha sido confirmada por los citados Rodríguez Sobrino y por Navarro Pereira en sede judicial.

También se investiga en la misma pieza, la compra de la filial colombiana del Canal, Inassa, por 73 millones de dólares en el año 2001 a través de una sociedad panameña. Dicha adquisición se efectuó cuando Alberto Ruiz Gallardón era presidente de la Comunidad de Madrid.

El propio Gallardón en su declaración como investigado del pasado 7 de junio negaba a la fiscal del caso Lezo haber “cobrado comisiones en los 20 años de su vida pública” y rechazaba poseer cuentas bancarias o negocios en el extranjero o en paraísos fiscales como las Islas Bahamas o Mónaco: “Ni las tengo, ni las he tenido jamás», afirmaba.

El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, y la fiscal del caso han viajado en tres ocasiones a Colombia con el objetivo de concluir la instrucción. El último viaje, se producía hace apenas unos días.

Cabe destacar que en la actualidad la causa Lezo está dividida en 4 piezas. La principal donde se investiga la compra de Inassa y Emissao, la segunda sobre la presunta comisión de Ignacio González por el tren a Navalcarnero, la tercera sobre el Golf del Canal y la última sobre el presunto blanqueo de capitales por parte del propio González.

Las irregularidades sobre  la empresa pública Mercasa pasó a investigarse en el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional y la financiación ilegal del PP fue asumida en el marco de la trama Púnica por el mismo instructor, Manuel García Castellón.

El juez suspendió la investigación fiscal

Mientras tanto, el magistrado García Castellón decidía suspender provisionalmente la investigación fiscal sobre la compra de la sociedad colombiana Inassa y la brasileña Emissao adquiridas por el Canal de Isabel II, tras solicitarlo Hacienda.

La Agencia Tributaria pedía al Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional que ordenara “la suspensión de los procedimientos inspectores seguidos en relación con los obligados tributarios Canal de Isabel II Comunidad de Madrid, Canal de Isabel II S.A. y Canal Extensia S.A., por apreciarse que el resultado de dichas actuaciones depende de los hechos que se declaren probados en el procedimiento”. Dicha solicitud fue acordada hace unas semanas por el juez instructor del caso Lezo.